THE LATIN VOX (7 de febrero del 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz
El Departamento de Justicia (DoJ) de Estados Unidos presentó una demanda el jueves contra el estado de Illinois y la ciudad de Chicago, acusando a las autoridades locales de obstaculizar las políticas de inmigración del presidente Donald Trump.
La demanda busca que un tribunal anule las leyes de «santuario» en estos territorios, las cuales protegen a los inmigrantes indocumentados de ser detenidos y deportados.
La demanda fue presentada en el tribunal federal de Chicago, y el DoJ argumenta que las leyes locales y estatales “interfieren y discriminan” contra los esfuerzos federales para hacer cumplir las leyes de inmigración.
Este caso se enmarca en el contexto de la declaración de emergencia nacional que Trump emitió el mismo día de su inauguración, en un intento por fortalecer sus políticas de inmigración y acelerar las deportaciones durante su segundo mandato.
El Departamento de Justicia está buscando bloquear la implementación de diversas leyes locales y estatales que, según el gobierno federal, impiden la efectiva ejecución de las políticas migratorias que la administración Trump intentó impulsar.
El litigio pone de manifiesto las tensiones entre el gobierno federal y las autoridades locales, especialmente en ciudades y estados que se han opuesto abiertamente a las políticas de inmigración del expresidente, que han sido descritas como severas y discriminatorias.
Chicago ha sido uno de los principales bastiones en la defensa de los derechos de los inmigrantes. El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, ha reiterado en diversas ocasiones que la ciudad protegerá a sus residentes independientemente de su estatus migratorio.
En una reciente entrevista con NPR, Johnson enfatizó que Chicago seguirá luchando por los derechos de los trabajadores y las personas que buscan un empleo digno, sin importar su situación legal en el país.
«Vamos a luchar y defender a la gente trabajadora. Eso es lo que Chicago representa. Vamos a seguir haciéndolo sin importar quién esté en la Casa Blanca», dijo el alcalde Johnson.
Las políticas migratorias del gobierno de Trump, que incluyen la deportación de millones de personas y un aumento de las detenciones, han provocado un clima de temor en muchas comunidades.
Si bien el gobierno federal ha centrado sus esfuerzos en deportar a los inmigrantes sin estatus legal, las políticas también han afectado a personas con permisos de trabajo válidos y han sembrado incertidumbre en comunidades enteras.
El fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, recién instalada en su cargo, emitió un memorando el miércoles en el que señaló que las jurisdicciones que se declaren como “santuarios” no deberían recibir fondos federales del Departamento de Justicia. Bondi también instó a tomar medidas contra las jurisdicciones que obstruyan las políticas de inmigración del gobierno.
Además, el nuevo fiscal federal de Massachusetts se comprometió a investigar a los funcionarios locales que impidieran las detenciones de inmigrantes, asegurando que «nadie quedará exento» de las medidas de la administración Trump.
La demanda interpuesta por el Departamento de Justicia refleja la creciente polarización en torno a las políticas migratorias en Estados Unidos, donde las ciudades y estados con altos índices de inmigrantes luchan por equilibrar la protección de sus comunidades con las presiones del gobierno federal para hacer cumplir la ley de inmigración.
A medida que se desarrollen estos casos legales, se avizora un enfrentamiento prolongado entre los diferentes niveles de gobierno sobre el futuro de la inmigración en el país.
En tanto, Chicago y otros estados que se han alineado con políticas de santuario se mantienen firmes en su postura de proteger a los inmigrantes, mientras que la administración del presidente Biden, al mismo tiempo, continúa buscando formas de gestionar la inmigración en medio de un panorama político y legal cada vez más complejo.
Crédito fotográfico: J David Ake/Getty Images