THE LATIN VOX (3 de octubre del 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz.
La madrugada del pasado viernes, el periodista salvadoreño Mario Guevara fue deportado a El Salvador tras pasar 100 días detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Su arresto y posterior expulsión del país marcan uno de los casos más prolongados en la historia reciente de Estados Unidos relacionados con la detención de un periodista por motivos vinculados a su labor informativa.
Guevara, un comunicador reconocido y ganador de un premio Emmy, ha sido una figura clave en los medios de Atlanta durante las últimas dos décadas.
Huyó de El Salvador en 2004 para escapar de milicias de izquierda y desde entonces había vivido bajo una orden de deportación en «cierre administrativo», lo que le permitía trabajar legalmente en el país mientras su situación migratoria permanecía técnicamente sin resolver. Dos de sus hijos son ciudadanos estadounidenses.
Un arresto polémico
El punto de quiebre llegó en junio, cuando Guevara fue arrestado mientras transmitía en vivo una protesta conocida como el “Día Sin Reyes” (“No Kings Day”) a través de su popular página de Facebook, que cuenta con más de un millón de seguidores. Las acusaciones que llevaron a su detención fueron desestimadas casi de inmediato, pero ICE reabrió su caso migratorio, utilizando su arresto como pretexto para justificar la deportación.
Durante los tres meses de detención en el centro de Folkston, Georgia, Guevara escribió crónicas desde su celda, dictadas por teléfono, mientras su familia enfrentaba una dura realidad económica y emocional. “Nunca había estado tanto tiempo separada de mi papá”, dijo su hija, Katherine Guevara. “Hemos estado sobreviviendo, pero ha sido un tiempo muy difícil.”
Críticas de organismos internacionales
Organizaciones como el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), PEN America, Reporteros Sin Fronteras, la ACLU y Free Press calificaron el caso como un peligroso ataque a la libertad de prensa. En un informe presentado ante una corte federal de apelaciones esta semana, argumentaron que la detención de Guevara genera un «efecto paralizante» en el ejercicio del periodismo, especialmente en la cobertura de protestas y actividades de las fuerzas del orden.
“Estas tácticas, como justificar una detención por la transmisión en vivo de manifestaciones, son prácticas que solemos ver en regímenes autoritarios”, señaló Katherine Jacobsen, coordinadora del programa para EE.UU., Canadá y el Caribe del CPJ. “Es momento de que el público estadounidense entienda que los métodos burocráticos para reprimir periodistas también están ocurriendo aquí.”
¿Un nuevo patrón?
El caso de Guevara no es aislado. Según el CPJ, hay un número creciente de periodistas enfrentando cargos menores o violencia por parte de las autoridades mientras cubren protestas.
Uno de los ejemplos más recientes ocurrió en Kentucky, donde una periodista estudiantil fue condenada por un delito menor tras negarse a dispersarse durante una manifestación, una situación anteriormente inusual en Estados Unidos.
En Chicago y Los Ángeles, reporteros han sido agredidos por policías mientras cumplían su labor. Estos incidentes han generado alarma entre defensores de la libertad de prensa, quienes ven en estos casos señales de un cambio preocupante en el trato institucional hacia los medios de comunicación.
Más que una cuestión migratoria
Aunque el caso de Guevara podría parecer inicialmente un asunto migratorio, los detalles del proceso revelan una estrategia más profunda, que amenaza principios fundamentales de la democracia.
“Cuando analizamos todo el cuadro, queda claro que esto va más allá de la política migratoria: es una amenaza directa a los derechos de los periodistas y a la libertad de expresión en este país”, afirmó Jacobsen.
Con su regreso forzado a El Salvador, Guevara se convierte no solo en una víctima del sistema migratorio estadounidense, sino en un símbolo de los crecientes desafíos que enfrenta el periodismo en un entorno cada vez más hostil.
Su historia obliga a replantear preguntas urgentes sobre el futuro de la libertad de prensa en lo que históricamente ha sido considerado uno de los bastiones de la democracia.
Crédito fotográfico: The New Yorker