THE LATIN VOX (2 de agosto del 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz.
Un total de dieciséis estados, encabezados por fiscales generales demócratas, han presentado una demanda contra la administración del presidente Donald Trump en defensa del acceso a tratamientos médicos para jóvenes transgénero.
La medida legal representa una firme respuesta a los esfuerzos del gobierno federal por desmantelar el acceso a terapias de afirmación de género, consideradas esenciales por expertos médicos y defensores de los derechos humanos.
La querella fue presentada este viernes por los fiscales generales de California, Nueva York, Massachusetts, Illinois y Connecticut, junto con otros estados aliados y el Distrito de Columbia.
En el centro del litigio se encuentra una orden ejecutiva emitida por Trump en enero que califica los bloqueadores de la pubertad y las terapias hormonales como “mutilación química y quirúrgica”, y que ordena cortar los fondos federales a hospitales que brinden esos tratamientos.
Además, la directiva sugiere que el Departamento de Justicia inicie investigaciones penales contra médicos que provean atención a jóvenes trans.
Un ataque sin precedentes a los derechos médicos
La orden ejecutiva y las acciones subsecuentes del gobierno han generado una ola de cierres de clínicas especializadas en atención médica trans, incluso en estados tradicionalmente considerados refugios progresistas.
El Children’s Hospital de Los Ángeles, que por más de 30 años ofreció atención médica a jóvenes trans, cerró recientemente su centro de afirmación de género debido a amenazas de pérdida de financiamiento federal.
Instituciones como Stanford Medicine, Denver Health, la Universidad de Pensilvania y el Hospital Nacional de Niños en Washington D.C. también han restringido o cancelado sus servicios. Algunas han detenido procedimientos quirúrgicos en menores, mientras que otras han eliminado terapias hormonales y bloqueadores de la pubertad, tratamientos que han sido avalados por las principales asociaciones médicas del país.
Subpoenas, miedo y datos médicos en juego
La demanda también denuncia que el Departamento de Justicia ha enviado citaciones judiciales a más de 20 médicos y clínicas, exigiendo información confidencial sobre pacientes. Según la querella, esta política ha desencadenado investigaciones penales y ha intimidado a proveedores en California, Colorado y Massachusetts.
Una directiva interna del Departamento, fechada en junio y firmada por el fiscal adjunto Brett Shumate, ordena “priorizar investigaciones” contra profesionales y compañías farmacéuticas que ofrecen este tipo de atención.
“Estamos viendo una campaña para criminalizar la atención médica, basada más en ideología que en evidencia científica”, denunció el fiscal general de California, Rob Bonta, durante una rueda de prensa.
Bonta señaló que estos tratamientos “mejoran la salud mental, reducen el riesgo de suicidio y salvan vidas”.
Padres e hijos en pie de lucha
Los funcionarios demandantes rechazan la definición de “niño” utilizada por la administración Trump, que incluye a jóvenes de hasta 18 años, argumentando que esto vulnera el acceso a servicios médicos incluso para adultos legalmente reconocidos.
“¿Qué harías si tu hijo fuera diagnosticado con disforia de género?”, preguntó el fiscal general de Connecticut, William Tong. “Lucharía cada día por él. Estamos luchando por madres y padres que solo quieren lo mejor para sus hijos, como todos nosotros: que puedan vivir sus vidas con autenticidad y dignidad.”
Entre los estados que se han unido a la demanda se encuentran Delaware, Hawái, Maine, Maryland, Michigan, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Rhode Island y Wisconsin, además del gobernador de Pensilvania.
La respuesta de la Casa Blanca
El gobierno de Trump, por su parte, ha defendido la orden ejecutiva, calificándola como un acto de protección infantil. “El presidente tiene la autoridad legal para proteger a los niños estadounidenses vulnerables mediante acción ejecutiva, y esperamos una victoria definitiva sobre este asunto,” dijo un portavoz de la Casa Blanca.
El Departamento de Justicia añadió que empleará “todas las herramientas legales y de cumplimiento para evitar que se mutile a niños bajo el disfraz de ‘atención médica’”, en palabras del fiscal general Pam Bondi.
Un futuro incierto
La demanda se produce poco después de que la Corte Suprema respaldara una ley en Tennessee que prohíbe la atención médica afirmativa para menores trans, lo que incrementa el riesgo de que más restricciones sobrevivan escrutinio judicial.
Pero para los jóvenes como Eli, un adolescente trans de 16 años que recientemente perdió el acceso a su tratamiento en Los Ángeles, la lucha es urgente y personal: “La terapia hormonal me salvó la vida. Ojalá la gente entendiera cuánto daño están causando. Hay vidas en juego.”
Crédito fotográfico: Human Rights Watch