THE LATIN VOX (21 de octubre del 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz
El choque entre el poder ejecutivo y el judicial en Estados Unidos ha entrado en una fase inédita. Cada vez más jueces federales —tanto nombrados por demócratas como por republicanos— están frenando las medidas más radicales del presidente Donald Trump, marcando los límites de una presidencia que muchos dentro del sistema consideran en abierta confrontación con la ley y la Constitución.
En las últimas semanas, varios tribunales federales han emitido sentencias contundentes contra políticas de la administración Trump sobre inmigración, seguridad interna y el uso del ejército en territorio nacional. Los fallos, según expertos legales, reflejan un patrón de resistencia judicial frente a lo que denominan una peligrosa expansión del poder presidencial.
Rechazo bipartidista desde los tribunales
Entre las decisiones más destacadas figuran las de la jueza Karin Immergut, en Oregón, y la jueza April Perry, en Chicago. Ambas bloquearon temporalmente los intentos del presidente de desplegar tropas de la Guardia Nacional en sus respectivas ciudades, bajo el argumento de que Trump había exagerado el nivel de violencia urbana para justificar la intervención militar.
Immergut —nombrada por el propio Trump durante su primer mandato— desestimó la descripción del mandatario de Portland como una “zona de guerra” y consideró que su determinación estaba “desvinculada de los hechos”. Sin embargo, un tribunal de apelaciones revocó parcialmente su decisión el 20 de octubre, permitiendo el envío limitado de tropas a la ciudad.
En Chicago, Perry calificó de “simplemente poco fiables” los informes del Departamento de Seguridad Nacional, subrayando que las autoridades locales no avalaban la narrativa presidencial. Su fallo fue confirmado por el Séptimo Circuito de Apelaciones, que denegó la solicitud de la Casa Blanca para desplegar tropas.
Un patrón de excesos presidenciales
De acuerdo con un estudio del portal jurídico Just Security, dirigido por el profesor Ryan Goodman de la Universidad de Nueva York, los tribunales federales han detectado un aumento significativo en los casos donde el gobierno ha actuado de forma “arbitraria y caprichosa”. Hasta el 15 de octubre, se contabilizan 58 decisiones judiciales de ese tipo, además de más de 40 casos en los que los jueces expresaron desconfianza hacia los argumentos y pruebas presentados por la administración.
“El presidente y el fiscal general muestran un desprecio abierto por la Constitución y por los tribunales federales”, afirmó el exjuez de apelaciones J. Michael Luttig, una voz conservadora de gran peso. “Los jueces entienden perfectamente lo que está en juego y no van a tolerarlo”.
“El problema no son los jueces, sino el presidente”
Uno de los fallos más severos llegó desde Boston. El juez William Young, designado en su día por Ronald Reagan, anuló una política de deportación dirigida contra activistas universitarios extranjeros, acusando al gobierno de violar la Primera Enmienda al encubrir persecuciones políticas bajo una “definición inconstitucionalmente amplia de antisemitismo”.
La exjueza federal y profesora de Harvard Nancy Gertner resumió así el sentir de muchos en el poder judicial:
“El problema no son los jueces rebeldes, sino un presidente fuera de control. Lo que está haciendo esta administración es tan inédito, tan alejado de la legalidad, que es lógico que los tribunales intervengan.”
Gertner subrayó que las deportaciones de activistas pro-palestinos, sin debido proceso y hacia países sin vínculos familiares, constituyen “una violación flagrante del Estado de derecho”.
Un pulso por los límites del poder presidencial
Aunque muchas de estas decisiones podrían ser revertidas por el Tribunal Supremo, donde los conservadores cuentan con una mayoría de 6 a 3, los expertos coinciden en que el mensaje de los tribunales inferiores es inequívoco: hay límites que ni siquiera un presidente puede traspasar.
“El presidente abusa de las leyes que regulan el uso del ejército en territorio nacional, y los tribunales están empezando a reaccionar”, advirtió Liza Goitein, directora del programa de Libertad y Seguridad Nacional del Brennan Center. “Permitirle desplegar tropas en tiempos de paz con mínima justificación sería una amenaza grave a la democracia estadounidense”.
Trump, por su parte, ha respondido con furia. Llamó “vergonzoso” el fallo de Immergut —olvidando que él mismo la nombró— y arremetió contra lo que denomina una “insurrección judicial”. Su asesor Stephen Miller llegó a tildar la sentencia de “rebelión legal”, alimentando temores de que el discurso incendiario desde la Casa Blanca incremente la tensión entre poderes.
La judicatura, último dique
A pesar de la polarización política, el poder judicial parece haber encontrado un terreno común: la defensa del Estado de derecho.
“El presidente y su fiscal general pueden esperar derrota tras derrota en los tribunales federales”, advirtió el exjuez Luttig. “Los jueces de Estados Unidos no serán intimidados. Cumplirán su juramento a la Constitución”.
En un país donde el equilibrio de poderes ha sido puesto a prueba una y otra vez, los jueces se han convertido —por ahora— en el principal contrapeso a un presidente que muchos consideran dispuesto a probar hasta dónde puede llegar su autoridad.
Crédito fotográfico: CNN/ Getty Images