THE LATIN VOX (20 de marzo del 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha tomado una controversial decisión al eliminar 11 directrices clave sobre el cumplimiento de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés) en su sitio web oficial.
Estas directrices, que ofrecían orientación a las empresas sobre cómo garantizar la accesibilidad para las personas con discapacidad, incluían pautas relacionadas con el Covid-19, el uso de mascarillas y la accesibilidad en los servicios de atención al cliente, entre otros.
Esta medida ha generado un debate sobre los efectos de la eliminación de estas guías y lo que implica para las personas con discapacidad y el cumplimiento de sus derechos civiles.
La ADA, promulgada en 1990, representa un hito en la lucha por la igualdad de derechos, al proteger a las personas con discapacidad contra la discriminación en diversas áreas, incluyendo el empleo, los servicios públicos y el acceso a edificios.
La eliminación de estas directrices se enmarca en una orden ejecutiva firmada por Donald Trump en enero de 2021, que, entre otras cosas, busca reducir lo que la administración calificó de «opresión regulatoria» en el ámbito empresarial.
El gobierno argumenta que la eliminación de estas normativas facilitará a las empresas cumplir con sus obligaciones y podría contribuir a reducir los costos, lo que, a su juicio, beneficiaría tanto a los negocios como a los consumidores.
Un cambio controversial
Entre las páginas eliminadas del sitio web de la ADA se encuentran aquellas que ofrecían detalles sobre cómo los comercios minoristas deben garantizar la accesibilidad para las personas con discapacidades, así como las prácticas de atención al cliente para los huéspedes con discapacidades en hoteles y alojamientos.
En especial, la eliminación de las directrices relacionadas con el Covid-19 ha causado preocupación. El Departamento de Justicia eliminó cinco de las siete preguntas en una página dedicada al impacto de la pandemia en las personas con discapacidad, que incluía información sobre la aplicación de las normas de uso de mascarillas y los derechos de los empleados con discapacidad en relación con sus empleadores durante la crisis sanitaria.
En un comunicado, el Departamento de Justicia calificó estas directrices de «innecesarias y obsoletas», argumentando que su eliminación ayudaría a reducir la confusión y el tiempo dedicado por las empresas a entender cómo cumplir con las normativas. Además, el departamento destacó los incentivos fiscales disponibles para las empresas que realicen mejoras de accesibilidad para empleados y clientes.
El contexto político: Un golpe a la regulación
La decisión de eliminar estas directrices se basa en una orden ejecutiva emitida por Trump en enero de 2021, en la que se criticaba duramente la carga regulatoria impuesta a las empresas, culpándola de contribuir a la inflación y de dificultar la producción estadounidense.
La administración Biden, al mantener esta postura, ha argumentado que las normativas reguladoras afectan negativamente a las pequeñas empresas y que liberar a las empresas de ciertas restricciones podría beneficiar a los consumidores al reducir los precios.
Para muchos, este enfoque supone un retroceso en los derechos de las personas con discapacidad, ya que la eliminación de las directrices podría hacer que las empresas tengan menos incentivos para garantizar la accesibilidad en sus productos y servicios.
Las pautas eliminadas proporcionaban a las empresas las herramientas necesarias para comprender mejor las obligaciones legales y asegurar que las personas con discapacidad pudieran acceder a los mismos servicios que el resto de la población.
Un debate en curso
No es la primera vez que los republicanos intentan modificar la ADA con el objetivo de aliviar la carga de las empresas. En 2017, un proyecto de ley republicano propuso hacer más difícil para las personas con discapacidad presentar demandas contra empresas y empleadores que no cumplieran con la ley. Aunque la propuesta no prosperó, este tipo de iniciativas reflejan una visión del mercado que busca minimizar la intervención gubernamental en la regulación de las empresas.
Para muchos defensores de los derechos de las personas con discapacidad, la eliminación de las directrices es una medida alarmante que podría debilitar las protecciones establecidas en la ADA. Las personas con discapacidad ya enfrentan barreras significativas para acceder a servicios, educación y empleo, y cualquier retroceso en las regulaciones de accesibilidad podría empeorar aún más su situación.
Mirando hacia el futuro
La eliminación de estas directrices pone en evidencia una creciente tensión entre los intereses económicos de las empresas y la necesidad de garantizar la igualdad de derechos para las personas con discapacidad.
Mientras que el gobierno defiende que la eliminación de las regulaciones es una forma de facilitar la actividad empresarial y reducir costos, para muchos, la medida representa una amenaza para los avances conseguidos en la integración y la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, independientemente de su discapacidad.
La pregunta ahora es cómo responderán las empresas y la sociedad ante este cambio. Si bien algunas empresas podrían ver un alivio en la reducción de las regulaciones, otros temen que esta medida contribuya a una mayor discriminación y segregación. El impacto de esta decisión podría verse en los próximos años, cuando los efectos de la eliminación de las directrices se hagan más evidentes.
En última instancia, la lucha por la accesibilidad y la igualdad sigue siendo uno de los grandes desafíos sociales en Estados Unidos. Las políticas públicas, como la ADA, desempeñan un papel crucial en la protección de los derechos civiles de las personas con discapacidad, y su revisión o eliminación siempre estará sujeta a intensos debates sobre el equilibrio entre la libertad empresarial y la justicia social.
Crédito fotográfico: Reuters