THE LATIN VOX (13 de marzo del 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz.
Un tribunal federal ha emitido una orden que podría sacudir la estructura de poder de la administración estadounidense. Elon Musk y su controvertida organización conocida como Doge se han visto obligados a entregar una amplia gama de documentos relacionados con sus esfuerzos por reducir el gasto gubernamental y los programas federales.
La decisión de la jueza Tanya Chutkan podría revelar hasta qué punto Musk ha operado fuera del marco constitucional, lo que podría tener implicaciones graves sobre la legalidad de las actividades de Doge.
La demanda fue presentada por 14 fiscales generales de estados demócratas, quienes alegan que Musk ha violado la Constitución de los Estados Unidos al ejercer poderes que solo deberían estar en manos de funcionarios confirmados por el Senado.
La jueza Chutkan, en su fallo de 14 páginas, permite que los fiscales accedan a los documentos para esclarecer el alcance de la autoridad de Musk y determinar si sus acciones pueden considerarse inconstitucionales, lo que podría resultar en la paralización de las operaciones de Doge.
La secrecía de Musk y el misterioso rol de DOGE
Durante semanas, Musk ha intentado ocultar detalles sobre cómo opera Doge, empezando por su propio papel en la organización. Aunque Musk es considerado un «empleado especial del gobierno», una categoría que la Casa Blanca ha utilizado para evitar la divulgación pública de sus finanzas, su influencia sobre la administración es innegable.
En los tribunales, la Casa Blanca ha afirmado que Musk es un “asesor principal” del presidente, pero este título ha generado confusión sobre la extensión de su poder real, especialmente considerando las declaraciones contradictorias hechas por Donald Trump en público.
El centro de la disputa legal radica en una cláusula constitucional que estipula que los funcionarios del gobierno que ejercen poder como jefes de departamentos son «oficiales principales» y deben ser nominados por el presidente y confirmados por el Senado.
En este caso, Musk no ha sido confirmado por el Senado, pero ha liderado a Doge en la implementación de recortes drásticos en agencias federales, lo que ha desatado una serie de reclamaciones legales que cuestionan la legalidad de sus acciones.
¿Una operación descontrolada?
La orden judicial de Chutkan también podría arrojar luz sobre las identidades de los empleados de Doge, un paso crucial para establecer el alcance completo de las operaciones de la organización. Musk ha intentado proteger la privacidad de estos registros, y la Casa Blanca ha buscado evadir las solicitudes de descubrimiento legal alegando privilegio ejecutivo. Sin embargo, la jueza Chutkan determinó que las solicitudes de documentos no eran tan amplias como para imponer una carga excesiva sobre el poder ejecutivo.
Este fallo llega en un momento particularmente difícil para Doge. Apenas días antes, otro juez federal en Washington DC, Christopher Cooper, dictaminó que la organización poseía tal cantidad de poder que sus registros probablemente tendrían que ser sometidos a solicitudes de acceso público.
Cooper citó el carácter «sin precedentes» de la autoridad de Doge y su «secrecía inusual» al llevar a cabo sus recortes de manera implacable dentro del gobierno federal, lo que hizo que se dispararan las solicitudes de documentos por parte de grupos de vigilancia.
Implicaciones y consecuencias para el gobierno de EE.UU.
La controversia alrededor de Doge y Elon Musk pone de relieve las tensiones entre el poder ejecutivo y las estructuras constitucionales del gobierno. La organización, que se presenta como un esfuerzo por mejorar la «eficiencia del gobierno», ha operado con un nivel de opacidad que genera preocupaciones sobre su impacto en la democracia y la rendición de cuentas.
Mientras algunos aplauden sus esfuerzos por reducir el gasto federal, otros advierten que el poder no supervisado de Musk podría socavar los principios constitucionales que rigen la administración pública.
La presión sobre Musk y Doge continuará aumentando a medida que se desarrollen los litigios y las investigaciones. La orden judicial de Chutkan marca solo el comienzo de un proceso que podría redefinir no solo el rol de Musk en el gobierno, sino también el alcance de la influencia que organizaciones como Doge pueden tener en la toma de decisiones federales.
Con la transparencia como uno de los temas centrales de este conflicto legal, el público y los observadores internacionales estarán atentos a cómo evoluciona la situación y a las posibles repercusiones que podría tener en la relación entre el sector privado y el gobierno de Estados Unidos.
En este contexto, las futuras decisiones judiciales podrían tener un impacto profundo en la forma en que las administraciones de Estados Unidos manejan la eficiencia gubernamental y la supervisión de sus poderes.
Crédito fotográfico: Bloomberg