THE LATIN VOX (15 de octubre del 2025).- Por Daniela Medina.
En pleno parón administrativo del gobierno federal que ya se extiende por casi tres semanas el presidente Donald Trump ha firmado una orden ejecutiva para garantizar que las tropas en servicio activo reciban sus pagos, mientras un juez federal en California dictó una medida cautelar que impide que su administración avanze con más despidos masivos de empleados públicos federales. Estas acciones reflejan la intensificación del conflicto político, la presión legal y el riesgo de un impacto humano creciente.
Origen del shutdown y contexto institucional
El cierre de operaciones del gobierno federal comenzó el 1 de octubre de 2025, cuando el Congreso no logró aprobar los proyectos de financiamiento necesarios para mantener las operaciones federales. Este fenómeno no es inédito: EE. UU. ha experimentado cierres similares en el pasado, pero este se enmarca en una coyuntura política particularmente polarizada.
La causa principal del conflicto actual radica en desacuerdos profundos entre los partidos sobre el presupuesto, las subvenciones al sistema de salud, la extensión de programas sociales y el alcance del gasto federal.
Con el cierre en marcha, cientos de miles de empleados federales han sido suspendidos de sus cargos (furloughed) o han sido convocados a laborar sin garantía salarial inmediata. Además, ciertas agencias no esenciales han sido parcialmente paralizadas, y servicios como trámites administrativos, investigación pública o subsidios no vinculados a obligaciones constitucionales han sido afectados.
Orden ejecutiva para pagar a las tropas y salvaguarda judicial
Pago a tropas activas
Ante la urgencia de evitar que miembros de las fuerzas armadas no reciban sus sueldos mientras continúan cumpliendo funciones esenciales, Trump firmó una orden ejecutiva que autoriza al Pentágono a usar fondos disponibles del año fiscal vigente para desembolsar salarios y asignaciones a militares en servicio activo.
Esta decisión se considera una medida estratégica para proteger uno de los sectores cuya continuidad operativa es indiscutible durante el cierre. No obstante, quedan interrogantes sobre si esos pagos se podrán mantener a lo largo del tiempo si el cierre persiste.
Corte frena despidos masivos
Uno de los puntos más controvertidos del manejo del shutdown ha sido el anuncio de la administración Trump de despedir a más de 4.100 empleados federales como parte de una reestructuración Sin embargo, un juez federal en San Francisco, Susan Illston, emitió una orden de restricción temporal que suspende esos despidos, argumentando que podrían tener motivaciones políticas y que posiblemente exceden la autoridad legal del Ejecutivo.
En la audiencia, la jueza interrogó al equipo legal federal sobre la racionalidad detrás de los despidos y destacó el costo humano que acarrean estas decisiones. La administración deberá ahora justificar sus acciones o verlas detenerse por completo.
Este bloqueo judicial llega en un momento crítico, cuando el director presupuestario de la Casa Blanca, Russ Vought, había advertido que la cifra de despidos podría superar los 10.000 empleados federales si el shutdown se prolonga.
Impactos humanos, políticos y sociales
Empleados federales en incertidumbre
Muchos trabajadores afectados están enfrentando ansiedad: sin acceso a sus correos oficiales y sin confirmación clara de su estatus laboral, algunos no saben si han sido despedidos. En agencias como Educación, se ha reportado que los avisos de despido (RIF notices) fueron enviados por correo institucional al que los empleados no tienen acceso durante el cierre.
Este panorama despliega un problema ético y práctico: trabajadores con familia, hipotecas y compromisos financieros dependen de estos ingresos, y la falta de claridad les deja en una situación de vulnerabilidad.
Riesgo político y desgaste presidencial
Trump ha defendido que estos despidos apuntan a recortar agencias alineadas con políticas demócratas. En rueda de prensa afirmó que varios programas no serían reactivados si el shutdown persiste. No obstante, aliados conservadores han comenzado a mostrar cautela, advirtiendo que excederse podría afectar el apoyo público y erosionar ventaja política.
La administración también ha aprovechado el shutdown como argumento para impulsar recortes permanentes en burocracia federal. Pero esa estrategia puede generar reacciones adversas si se percibe socialmente como una agresión contra servicios públicos fundamentales.
Servicios esenciales protegidos, pero con limitaciones
Aunque algunos servicios federales esenciales (defensa, seguridad nacional, paquetes cívicos mínimos) continúan funcionando, muchas otras funciones administrativas, de investigación, servicios ciudadanos y procesos burocráticos han sido interrumpidos o ralentizados severamente.
El efecto acumulado del shutdown ya se traduce en retrasos en aprobaciones, permisos, financiamiento de proyectos y pagos de subvenciones, lo que afecta tanto a comunidades locales como a instituciones dependientes del gobierno federal.
Escenarios posibles y desenlace anticipado
- Negociación a último minuto para reabrir el gobierno
Si demócratas y republicanos logran acuerdos puntuales por ejemplo, extender subsidios de salud o aceptar recortes moderados el cierre podría levantarse pronto y reanudar pagos y operaciones con normalidad. - Despedidos masivos reprogramados o revertidos
La orden judicial de suspender los despidos da aire al proceso: si la administración no puede fundamentar sus despidos legalmente, podría ser obligada a revertir esas decisiones o renegociarlas. - Prolongación del cierre y profundización del daño social
Si el estancamiento persiste, podría materializarse un impacto más profundo en la economía, en la moral pública y en la confianza ciudadana hacia las instituciones. - Uso estratégico del shutdown como herramienta política
Trump y sus aliados pueden seguir usando el cierre como palanca para imponer recortes o reformas estructurales que encuentran resistencia parlamentaria en circunstancias normales. - Intervención judicial mayor o congresual
Si los tribunales amplían sus bloqueos o si se promulgan leyes emergentes para proteger empleados federales, el manejo del shutdown podría quedar limitado al Ejecutivo.
Reflexión internacional
El episodio pone de manifiesto varias lecciones sobre democracia, administración pública y límites del poder:
- Que un gobierno en crisis presupuestal recurra a despidos masivos mientras no se acaben de negociar fondos revela cuán peligrosamente entrelazadas están la política y la gestión pública.
- La protección de las fuerzas armadas mediante orden ejecutiva resalta que ciertos sectores serán priorizados frente al colapso del aparato estatal.
- Las cortes juegan un rol fundamental para contrapesar decisiones ejecutivas que podrían vulnerar derechos laborales o exceder competencias legales.
- Para el ciudadano común, el shutdown no es un choque distante: implica incertidumbre económica, recortes en servicios esenciales y un recordatorio de que las instituciones dependen de acuerdos políticos.
Fuente: www.cbc.ca
Foto: Google fotos