THE LATIN VOX (13 de julio del 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz.
En el sur de California, el rugido de helicópteros, el despliegue de vehículos militares y los uniformes de camuflaje no pertenecen a una zona de guerra, sino a un campo de cultivo donde se siembra marihuana legal.
Lo que comenzó como operativos migratorios ha tomado el rostro de una campaña de represión sistemática, en la que cientos de inmigrantes han sido arrestados, comunidades han quedado devastadas y un trabajador ha perdido la vida.
La reciente ola de redadas federales, intensificada bajo la administración de Donald Trump, ha generado preocupación a nivel nacional e internacional. Más de 300 personas fueron detenidas en redadas llevadas a cabo en granjas legales, hoteles y hasta parques infantiles.
Las imágenes de agentes federales con armas de grado militar irrumpiendo en comunidades vulnerables han provocado un torrente de protestas, demandas legales y condenas políticas.
“El nivel de intimidación es inaceptable”, denunció el congresista Salud Carbajal tras presenciar uno de los operativos. “Están tratando a comunidades de trabajadores agrícolas como amenazas, cuando en realidad son el alma de nuestra economía agrícola”.
Niños heridos, familias desaparecidas, derechos vulnerados
Durante las redadas, al menos 14 menores fueron rescatados de presuntos casos de trabajo forzado y explotación, según el Departamento de Seguridad Nacional. Sin embargo, las autoridades no han proporcionado detalles verificables, lo que ha sembrado dudas sobre la narrativa oficial.
En Camarillo, un niño pequeño resultó herido por la metralla de dispositivos de humo utilizados para dispersar a los manifestantes. La muerte de Jaime Alanis, de 57 años, tras caer del techo de un invernadero, representa la primera fatalidad confirmada en este contexto.
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, denunció los operativos como “ilegales e inaceptables”. En respuesta, firmó una orden ejecutiva que busca proteger a los inmigrantes en instalaciones públicas, exigiendo órdenes judiciales para permitir el ingreso de agentes federales.
“Esto no es un campo de batalla. Esto es una comunidad de familias, de trabajadores, de niños que solo quieren vivir en paz”, afirmó Bass.
Un fallo judicial histórico… ¿y un punto de inflexión?
En un giro inesperado, la jueza federal Maame Ewusi-Mensah Frimpong emitió un fallo que limita de forma drástica el accionar del ICE en el distrito central de California. El DHS no podrá detener a personas basándose solo en su raza, idioma o lugar de trabajo. La decisión también ordena a las autoridades permitir el acceso legal a los detenidos y conservar documentación de los arrestos, lo que podría abrir la puerta a futuras demandas por violaciones de derechos civiles.
La ACLU del Sur de California, que lideró la demanda, celebró el fallo como una victoria histórica. “Nadie debe temer ser arrestado por el idioma que habla o el color de su piel. Eso no es justicia, eso es discriminación”, afirmó el abogado Mohammad Tajsar.
¿Una advertencia para el futuro?
Mientras el gobierno federal insiste en que sus acciones se basan en inteligencia y análisis de tendencias, los críticos argumentan que lo que se está viendo es el uso de recursos del Estado para instaurar el miedo como herramienta de control migratorio.
La militarización de los operativos y la falta de transparencia alimentan sospechas de que estas redadas forman parte de una estrategia más amplia de disuasión basada en el terror.
Con elecciones presidenciales en el horizonte, las redadas podrían convertirse en un símbolo más del uso político de la inmigración. Pero también podrían desencadenar una nueva era de resistencia legal, cívica y política que obligue a redefinir qué significa ser un país que se proclama defensor de los derechos humanos.
Por ahora, el sur de California es el epicentro de una batalla silenciosa, no solo por la legalidad de ciertas acciones, sino por el alma de una nación que se debate entre el miedo y la libertad.
Fuente: CNN en Español
Crédito fotográfico: Getty Images