THE LATIN VOX (11 de enero del 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz.
En un movimiento que refleja la continuidad de su política migratoria, la administración de Joe Biden anunció el viernes la extensión de las protecciones humanitarias temporales para más de 800,000 inmigrantes que viven en los Estados Unidos, específicamente para unos 230,000 salvadoreños y 600,000 venezolanos.
Esta decisión llega en un momento crucial, justo cuando el mandato de Biden se acerca a su fin, y en medio de una creciente presión por parte de defensores de los inmigrantes y legisladores que temen el regreso de una política más restrictiva bajo una posible administración Trump.
El Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) ha sido una herramienta clave para proteger a los inmigrantes de ser deportados a países que enfrentan crisis humanitarias, desastres naturales o conflictos armados.
La reciente extensión de este beneficio se justifica por las condiciones ambientales extremas en El Salvador, que han provocado desastres naturales recurrentes, y por la grave crisis política y económica que sigue azotando a Venezuela. Ambas naciones están sumidas en situaciones que imposibilitan el regreso seguro de sus ciudadanos.
La decisión de la administración Biden coincide con la toma de posesión de Nicolás Maduro para un tercer mandato en Venezuela, en medio de una condena generalizada por la falta de transparencia en las elecciones que lo reeligieron y la creciente represión en el país desde que asumió el poder en 2013. En respuesta, Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de 65 millones de dólares por la captura de Maduro y dos de sus aliados cercanos, acusados de tráfico internacional de drogas.
Para los beneficiarios del TPS, esta extensión es un alivio temporal, ya que les permite seguir viviendo y trabajando legalmente en los Estados Unidos. Sin embargo, el TPS no ofrece un camino directo hacia la ciudadanía, y quienes se acogen a este programa dependen de las renovaciones periódicas por parte del gobierno. En el caso de los salvadoreños, muchos han estado bajo el programa desde 2001, cuando los terremotos devastaron el país centroamericano.
El expresidente Donald Trump, en su mandato, intentó eliminar el TPS para El Salvador, pero esa medida fue detenida por los tribunales. Tanto Trump como su vicepresidente electo, JD Vance, han manifestado su intención de recortar el uso del TPS y otras políticas de estatus temporal, como parte de su promesa de deportaciones masivas.
Los defensores de los inmigrantes, sin embargo, han redoblado sus esfuerzos para que el presidente Biden extienda las protecciones para más países, como Guatemala y Ecuador, y piden una solución definitiva para los beneficiarios de TPS que aún dependen de la renovación continua de su estatus.
Felipe Arnoldo Díaz, activista de la Alianza Nacional de TPS, señaló que la extensión de este beneficio es solo una «pequeña victoria». «Nuestra mayor preocupación es que, después de El Salvador, hay países cuyos TPS están por vencer y están siendo dejados de lado, como Venezuela, Nepal, Sudán, Nicaragua y Honduras», explicó.
Mientras tanto, en El Salvador, la violencia de las pandillas ha sido una de las principales razones por las que muchos salvadoreños buscan refugio en Estados Unidos. En 2022, el país vivió una de sus peores crisis de violencia, con 62 personas asesinadas en pocas horas. Ante esto, el presidente Nayib Bukele implementó un estado de excepción para dar más poder a las fuerzas de seguridad, lo que resultó en la detención de más de 83,000 personas, muchas de ellas sin el debido proceso.
José Palma, un salvadoreño de 48 años que vive en Houston desde 1998, celebró la extensión de su TPS, que le permite seguir trabajando legalmente en el país. Palma es el único miembro de su familia con estatus temporal, ya que su esposa es residente permanente y sus hijos son ciudadanos estadounidenses. «Me da tranquilidad, un respiro. Son 18 meses más de estar protegido», dijo Palma, quien trabaja como organizador en una organización de jornaleros y envía aproximadamente 400 dólares al mes a su madre de 73 años en El Salvador.
La extensión de estas protecciones es fundamental para miles de familias que dependen de ellas para mantenerse en el país y continuar con sus vidas. Sin embargo, los defensores de los derechos de los inmigrantes insisten en que la batalla está lejos de terminar. La incertidumbre sigue siendo una constante para los beneficiarios del TPS, quienes temen que cualquier cambio en la administración pueda revertir los avances logrados.
En resumen, la extensión del TPS para salvadoreños y venezolanos es un respiro momentáneo en un panorama migratorio cada vez más incierto, pero también pone de manifiesto las tensiones y divisiones políticas que podrían marcar el futuro de la inmigración en los Estados Unidos. La protección temporal puede ser solo un alivio a corto plazo, pero para muchos, representa una oportunidad vital para continuar luchando por un futuro mejor.
Crédito fotográfico: USA Today