THE LATIN VOX (13 de febrero del 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz.
En un giro importante para la agenda del presidente Donald Trump, un juez federal de Boston falló este miércoles a favor de la continuidad de su controvertido programa de compras de salidas voluntarias para empleados del gobierno federal.
La decisión, que permite a 65,000 trabajadores federales que se habían ofrecido a renunciar bajo el plan de Trump, abre un nuevo capítulo en su esfuerzo por reducir el tamaño del gobierno estadounidense, un tema que ha generado intensas críticas pero también apoyo en su base política.
El juez George O’Toole Jr. desestimó una demanda presentada por sindicatos que representaban a los empleados federales, que habían argumentado que el programa era ilegal. Los demandantes sostenían que el programa afectaría negativamente a los trabajadores, al obligarlos a tomar decisiones drásticas sobre su futuro laboral y personal.
Sin embargo, O’Toole concluyó que los sindicatos no tenían «legitimación procesal» para impugnar la oferta de renuncia, ya que no afectaba directamente a sus miembros. Importante es que, aunque el juez permitió que el programa continuara, no se pronunció sobre la legalidad del programa en sí.
Este fallo es un alivio para la administración Trump, que ha enfrentado varias derrotas legales en los últimos meses. Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, celebró la decisión, subrayando que «la guerra legal no prevalecerá finalmente sobre la voluntad de los 77 millones de estadounidenses que apoyaron al presidente Trump y sus prioridades».
El programa de despidos voluntarios: Un proyecto ambicioso de Trump y Musk
El programa en cuestión, apodado «Fork in the Road» (Crucero en el Camino), se basa en una iniciativa para reducir la burocracia gubernamental y los gastos federales. En colaboración con Elon Musk, el empresario multimillonario y uno de los asesores clave de Trump, el plan ofrece a los empleados federales la opción de renunciar a cambio de un pago que continuará hasta el 30 de septiembre.
Musk, quien ha sido un defensor público de reducir el tamaño del gobierno, lidera este esfuerzo como jefe del nuevo «Departamento de Eficiencia Gubernamental» que, según se informa, buscará hacer recortes sustanciales en todas las agencias federales.
El objetivo de este programa es reducir el personal en un 70% en algunas agencias, lo que generó preocupaciones sobre la capacidad del gobierno para funcionar de manera efectiva con una fuerza laboral mucho más pequeña.
Con los 65,000 empleados ya inscritos, el plan representa aproximadamente un 3% de la fuerza laboral civil total del gobierno federal. Aunque Trump y Musk defienden el programa como una medida necesaria para mejorar la eficiencia y reducir el gasto, los sindicatos no han dejado de criticarlo.
Everett Kelly, presidente de la Federación Americana de Empleados Gubernamentales, que representa a más de 800,000 trabajadores federales, expresó su decepción por el fallo judicial, calificándolo como «un retroceso en la lucha por la dignidad y la equidad de los servidores públicos».
A pesar de esta derrota, Kelly dejó en claro que la lucha no ha terminado, y que su sindicato está evaluando las opciones legales disponibles para seguir luchando contra el programa.
Reacciones controvertidas y propuestas de futuro
El fallo de O’Toole es parte de un esfuerzo más amplio de Trump y Musk para reducir drásticamente los gastos del gobierno federal, que también incluye recortes masivos en ayuda exterior y en el Departamento de Educación.
Aunque algunos lo ven como un paso hacia una gestión más eficiente del gobierno, otros argumentan que la medida pondría en peligro servicios esenciales y afectaría negativamente a los empleados públicos que dependen de sus trabajos para sustentar a sus familias.
Los sindicatos, por su parte, han planteado serias preocupaciones sobre la legalidad y la ética del programa, particularmente sobre la posibilidad de que los empleados tengan que tomar decisiones difíciles, como abandonar sus carreras y mudarse de ciudades, solo para recibir una promesa de pago futuro que algunos comparan con una «promesa incumplida» por parte de Musk.
A pesar de la resistencia de los sindicatos y los opositores políticos, el gobierno Trump continúa su empuje hacia la reforma del sector público, utilizando tácticas como estos programas de renuncia voluntaria y otras medidas para disminuir el tamaño y el costo de la burocracia federal.
Mientras tanto, las críticas siguen lloviendo, especialmente desde Europa, donde algunos observan con inquietud cómo estas medidas podrían afectar la imagen global de Estados Unidos como una potencia con un gobierno funcional y eficiente.
Un paso hacia la privatización o una reestructuración necesaria
La controversia sobre el programa de Trump resalta la creciente división en la política estadounidense sobre el papel del gobierno en la vida diaria de sus ciudadanos. Mientras que algunos ven la reducción del tamaño del gobierno como una estrategia necesaria para mejorar la eficiencia y reducir el gasto, otros temen que este tipo de medidas socaven la capacidad del gobierno para proporcionar servicios vitales a la población.
A medida que el plan de Trump avanza, el futuro del empleo público en los Estados Unidos podría estar en una encrucijada. ¿Será este un ejemplo de una reestructuración exitosa y necesaria, o un peligroso paso hacia la privatización de funciones esenciales del estado?
La respuesta a esa pregunta podría depender de cómo se desarrollen los próximos eventos judiciales y de la reacción pública ante los cambios propuestos. Lo que parece claro es que el programa de Trump, y las tácticas de Musk, están marcando una etapa nueva y polémica en la gestión del gobierno federal de los Estados Unidos.
Crédito fotográfico: CityNews Montreal