THE LATIN VOX (6 de febrero del 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz.
En un giro inesperado, un juez federal ha suspendido temporalmente el plazo límite establecido para que los empleados federales decidan si aceptan una oferta de indemnización de la administración Trump.
El plazo, que expiraba el 6 de febrero a las 11:59 p.m. hora del este, ha sido congelado por la corte, otorgando más tiempo para presentar los documentos legales pertinentes antes de la audiencia programada para el lunes.
La oferta, que fue enviada la semana pasada por la Oficina de Gestión de Personal (OPM) de la administración Trump, había invitado a casi 2 millones de trabajadores civiles federales a considerar la opción de retirarse anticipadamente, con una indemnización de ocho meses de salario y beneficios.
Alternativamente, aquellos que decidieran quedarse en sus puestos tendrían que someterse a nuevas reformas, como la obligación de trabajar cinco días a la semana en la oficina, y estarían sujetos a «normas mejoradas de conducta», lo que podría llevar incluso a despidos o reasignaciones.
Según informes, más de 40,000 trabajadores ya habían optado por aceptar la oferta de jubilación diferida antes de la suspensión del plazo. Sin embargo, el juez del distrito, George O’Toole, extendió la fecha límite hasta al menos el lunes, para dar tiempo a las partes involucradas a preparar los argumentos legales.
El juez también instó a la administración a informar a los empleados sobre la nueva extensión del plazo, aclarando que la congelación no debía interpretarse como una indicación de cómo se podría fallar en el futuro.
La oferta de jubilación, que afecta principalmente a empleados civiles, excluye a personal militar, trabajadores del Servicio Postal de EE. UU., empleados vinculados a la seguridad nacional y la inmigración, y aquellos cuyos puestos estén específicamente excluidos por sus agencias empleadoras.
A pesar de las objeciones de los sindicatos, que cuestionan la legalidad de la oferta y su posible impacto a largo plazo, la administración de Trump sigue adelante con la iniciativa como parte de un esfuerzo por reducir significativamente el número de empleados federales.
Los sindicatos, como la Federación Americana de Empleados Gubernamentales (AFGE) y la Federación Nacional de Empleados Federales (NFFE), han instado a sus miembros a rechazar la oferta, advirtiendo sobre su potencial carácter engañoso y la incertidumbre que podría generar en el futuro.
De hecho, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, junto con otros fiscales generales de diferentes estados, alertó a los empleados federales de que la oferta podría no ser tan beneficiosa como parece, ya que no garantiza una indemnización definitiva.
Además, se ha informado que, en algunos casos, las autoridades de la Secretaría de Educación han advertido a su personal que, si aceptan la oferta, podrían correr el riesgo de que el paquete sea revocado más adelante sin poder presentar apelaciones.
Este paquete de jubilación anticipada forma parte de un conjunto más amplio de medidas impulsadas por la administración Trump para reducir la burocracia y disminuir la cantidad de trabajadores en el gobierno federal.
De acuerdo con fuentes de la Casa Blanca, se estima que entre el 5% y el 10% de los empleados federales, es decir, entre 100,000 y 200,000 trabajadores, aceptarán la oferta antes del plazo final.
Un análisis realizado por la organización sin fines de lucro Partnership for Public Service sugiere que la tasa de rotación promedio de los empleados federales es de aproximadamente un 6% anual, lo que equivale a alrededor de 120,000 salidas al año. Esto sugiere que una gran parte de los trabajadores que han decidido aceptar la oferta de compra ya tenían planes de dejar sus empleos.
En este contexto, la decisión del juez O’Toole y las críticas de los sindicatos resalta la creciente tensión entre los objetivos de reducción del personal del gobierno y los derechos de los trabajadores federales. Mientras tanto, la administración Trump continúa defendiendo su plan como una oportunidad para «modernizar» el gobierno, aunque el futuro de esta controversial iniciativa parece estar lleno de incertidumbre legal y política.
Crédito fotográfico: Reuters