THE LATIN VOX (21 de marzo del 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz.
En un nuevo episodio de tensión entre el poder judicial y el ejecutivo en Estados Unidos, el juez federal James Boasberg ha exigido explicaciones a la administración de Donald Trump sobre su negativa a detener vuelos de deportación hacia El Salvador, pese a una orden judicial que lo prohibía. La polémica se intensifica mientras la Casa Blanca enfrenta crecientes desafíos legales respecto a su política migratoria.
Un desafío a la orden judicial
Boasberg, juez del Tribunal de Distrito de EE.UU., ordenó a la administración que justificara por qué no cumplió con su directriz de retornar los aviones que ya estaban en el aire cuando se emitió la suspensión temporal de las deportaciones. La medida bloqueó expulsiones amparadas en una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII, utilizada recientemente por la administración Trump para deportar inmigrantes venezolanos presuntamente vinculados a pandillas.
La Casa Blanca tenía hasta el mediodía del jueves para responder con más detalles sobre los vuelos o invocar la figura de «secretos de Estado» para retener la información. Sin embargo, el gobierno se negó a proporcionar detalles adicionales, calificando el requerimiento del juez como una «búsqueda judicial innecesaria».
En su respuesta escrita, Boasberg describió la postura del gobierno como «lamentablemente insuficiente», acusando a los funcionarios de «evadir nuevamente sus obligaciones» al repetir información genérica sobre los vuelos.
Tensión entre poderes
El Departamento de Justicia argumentó que las indicaciones verbales del juez no eran vinculantes y que solo la orden escrita tenía validez, además de sostener que no era posible aplicarla a vuelos que ya habían partido. «Seguimos creyendo que el cuestionamiento superfluo de información sensible de seguridad nacional por parte del tribunal es una extralimitación judicial inadecuada», declaró un portavoz del Departamento de Justicia.
Mientras tanto, un funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) pidió más tiempo para determinar si la administración invocaría el privilegio de secretos de Estado para bloquear la divulgación de información sobre los vuelos.
En respuesta, Boasberg ordenó a la Casa Blanca presentar una declaración jurada antes del viernes de una persona «directamente involucrada en las discusiones a nivel de gabinete» sobre el privilegio de secretos de Estado. Asimismo, el gobierno deberá informar al tribunal antes del próximo martes si recurrirá a esta medida para impedir la entrega de datos.
Trump desafía al poder judicial
Este enfrentamiento ha escalado a un punto en el que el propio presidente y sus aliados han pedido la destitución del juez Boasberg, quien fue nominado al tribunal federal por Barack Obama. Sin embargo, el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, rechazó tales llamados, declarando que «la destitución no es una respuesta apropiada ante un desacuerdo con una decisión judicial».
Trump, por su parte, ha intensificado su retórica contra el poder judicial y ha solicitado a la Corte Suprema que limite la capacidad de los jueces federales para emitir órdenes que bloqueen las acciones de su administración a nivel nacional. «DETENGAN LAS INJUNCIONES A NIVEL NACIONAL AHORA, ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE», escribió en redes sociales.
Este choque entre poderes deja en evidencia la creciente polarización en EE.UU. y plantea interrogantes sobre el futuro de las políticas migratorias bajo la administración Trump. Con el reloj en contra, la Casa Blanca deberá decidir en los próximos días si proporciona las respuestas exigidas o si intensifica su pulso con el sistema judicial en un conflicto sin precedentes recientes.
Crédito fotográfico: Valerie Plesch/Bloomberg via Getty Images