THE LATIN VOX (20 de marzo del 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz.
En un fallo histórico que pone en duda las políticas de la administración de Donald Trump sobre los derechos de las personas transgénero, un juez federal ordenó el miércoles que dos mujeres transgénero sean transferidas de vuelta a las instalaciones penitenciarias femeninas después de haber sido trasladadas a cárceles de hombres, como resultado de una orden ejecutiva emitida por el presidente.
Este fallo, que se produce en el contexto de un litigio más amplio sobre los derechos de las personas trans en las prisiones federales, subraya la continua lucha por la protección de los derechos de las personas transgénero en los Estados Unidos.
El juez federal Royce Lamberth, en Washington D.C., emitió una orden preliminar de injunction tras la inclusión de las dos mujeres transgénero, identificadas en los documentos judiciales con los pseudónimos Rachel y Ellen Doe, como demandantes en un caso relacionado con el impacto de la orden ejecutiva firmada por Trump, que recortaba las protecciones a las personas trans en las prisiones federales.
En su fallo, Lamberth ordenó a la Oficina Federal de Prisiones (BoP, por sus siglas en inglés) que las transfiriera «inmediatamente» a cárceles de mujeres y que continuara brindándoles el tratamiento de terapia hormonal para la disforia de género.
Condiciones inhumanas y violencia en las cárceles de hombres
Las dos mujeres, que habían sido enviadas a prisiones masculinas después de la firma de la orden ejecutiva, denunciaron en los documentos judiciales que vivían bajo un constante temor de ser agredidas sexualmente y sufrir otras formas de violencia.
Según sus testimonios, los reclusos masculinos las acosaban sexualmente y los oficiales varones las sometían a registros corporales sin la presencia de oficiales mujeres. Estas condiciones inhumanas fueron parte del fundamento para que el juez Lamberth dictara la orden de inmediato.
El juez, al justificar su decisión, escribió: «El hecho de que ya hayan sido transferidas y, presuntamente, hayan sufrido abusos en sus nuevas instalaciones solo puede fortalecer sus reclamaciones sobre el daño irreparable que han sufrido».
La sentencia fue recibida con gran importancia por defensores de los derechos de las personas transgénero, quienes aplaudieron la decisión judicial como un paso hacia la protección de los derechos humanos en las cárceles federales.
La resistencia del Sistema Judicial y los desafíos legales
Este fallo se enmarca en una serie de decisiones judiciales que han frustrado los esfuerzos de la administración Trump de aplicar su orden ejecutiva, que buscaba trasladar a las mujeres transgénero a cárceles masculinas y suspender el tratamiento médico para la disforia de género.
El juez Lamberth, quien fue nominado por el presidente republicano Ronald Reagan, ya había bloqueado en ocasiones anteriores el traslado de otras mujeres transgénero a prisiones de hombres, en una serie de medidas judiciales que han desafiado abiertamente las políticas de la administración.
En un fallo anterior, Lamberth había ordenado que el estatus de vivienda y la atención médica de las prisioneras transgénero permanecieran como estaban antes de la firma de la orden ejecutiva, en una victoria parcial para los derechos de las personas trans en las cárceles federales.
Además, a principios de enero, un juez federal en Boston detuvo el traslado de otra mujer transgénero a una prisión masculina, sentando un precedente más en la lucha legal por los derechos de las personas transgénero.
Las consecuencias de la orden ejecutiva de Trump
La orden ejecutiva de Trump ha sido un tema de controversia desde su firma, ya que muchos consideran que va en contra de los derechos fundamentales de las personas transgénero.
La administración del presidente había defendido la política de trasladar a las personas transgénero a prisiones del sexo asignado al nacer y suspender los tratamientos de afirmación de género, basándose en argumentos de seguridad.
Sin embargo, las condiciones reportadas por las mujeres afectadas, como el temor constante a la violencia sexual, evidencian las graves repercusiones de esta política.
Según los informes de la Oficina Federal de Prisiones, actualmente hay 22 mujeres transgénero en cárceles de mujeres, lo que representa aproximadamente el 1% de los casi 2,200 prisioneros transgénero bajo custodia federal.
Con la reciente orden del juez Lamberth, al menos 15 prisioneras transgénero han sido incluidas en órdenes judiciales que bloquean o revierten sus traslados a prisiones masculinas.
La situación transgénero en el sistema judicial y educativo de EE. UU.
Además de las batallas legales en el sistema penitenciario, las políticas del gobierno de Trump también se extienden a otros sectores, como el ámbito educativo. Este miércoles, el Departamento de Educación de EE. UU. ordenó a la oficina de educación de Maine que prohíba a las atletas transgénero competir en equipos deportivos femeninos o enfrentar posibles demandas federales.
Esta escalada de amenazas por parte de Trump busca invalidar las protecciones para los derechos de las personas transgénero, que continúan siendo un tema candente en el debate público estadounidense.
La continua resistencia de los jueces y defensores de los derechos civiles, como lo demuestra la reciente sentencia de Lamberth, refleja la lucha constante por garantizar la igualdad de derechos para todas las personas, independientemente de su identidad de género.
Sin embargo, los desafíos legales siguen siendo intensos, y el futuro de los derechos transgénero en EE. UU. dependerá de cómo se desarrollen los litigios en curso y de las decisiones políticas que se tomen a nivel federal y estatal.
Este fallo en el sistema penitenciario es un recordatorio de que, a pesar de los esfuerzos por desmantelar las protecciones a las personas transgénero, la lucha por la igualdad continúa.
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