THE LATIN VOX (23 de septiembre de 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz.
El presidente Donald Trump firmó esta semana una orden ejecutiva en la que designa al movimiento antifascista conocido como antifa como una “organización terrorista doméstica”, a pesar de que no existe como entidad formal ni centralizada.
La decisión ha desatado críticas inmediatas de expertos en libertades civiles, que advierten que la medida podría usarse para criminalizar el derecho a la protesta en Estados Unidos.
Antifa, abreviatura de antifascist, es un término que engloba a una red descentralizada de activistas de izquierda que actúan en distintos capítulos locales.
Sin líderes ni estructura jerárquica, el movimiento se ha hecho conocido por sus tácticas de contramanifestación —particularmente el uso del “bloque negro”— frente a movilizaciones de extrema derecha como las organizadas por los Proud Boys durante el primer mandato de Trump.
Un “enemigo útil”
Para Trump, antifa se ha convertido en un símbolo recurrente de lo que describe como una “amenaza radical”. En su orden ejecutiva, califica al movimiento de “empresa militarista y anarquista que busca el derrocamiento del gobierno estadounidense”. En un comunicado lo describió como un “desastre radical de la izquierda enferma y peligrosa”.
La decisión se produce días después del asesinato del comentarista ultraconservador Charlie Kirk en Utah, un caso aún bajo investigación en el que no existe evidencia pública de que el atacante tuviera vínculos con grupos de izquierda. No obstante, Trump y sus aliados aprovecharon el hecho para prometer una ofensiva contra lo que denominan “extremismo izquierdista”.
Choque con la realidad
Los datos, sin embargo, contradicen en parte el relato presidencial. Según el Cato Institute, los ataques de extrema derecha han causado 391 muertes en EE.UU. desde 1975, frente a 65 atribuidas a extremistas de izquierda.
Los episodios más mortales de la última década han provenido de supremacistas blancos, incluidos la masacre en una sinagoga en Pittsburgh (2018), el ataque contra latinos en un Walmart de El Paso (2019) y la matanza en un supermercado de Buffalo dirigida contra afroamericanos (2022).
Pese a estas cifras, el Departamento de Justicia retiró discretamente de su página web un informe que señalaba a la extrema derecha como la mayor fuente de violencia terrorista doméstica en el país.
Implicaciones legales inciertas
El alcance de la orden ejecutiva de Trump no está del todo claro. Pide a las agencias federales utilizar “todas las autoridades aplicables” para investigar y desmantelar cualquier operación ilegal vinculada a antifa. Pero Estados Unidos carece de un estatuto específico sobre terrorismo doméstico.
Aunque el Acta Patriota de 2001 ofrece una definición de terrorismo interno, no existe un delito asociado en el Código Penal Federal. Esto limita las herramientas legales disponibles y abre un debate sobre si la medida es más un gesto político que una acción con efectos jurídicos concretos.
El riesgo de criminalizar la disidencia
Expertos en seguridad advierten que crear una ley de terrorismo doméstico podría, en teoría, equiparar ataques de supremacistas blancos con los cometidos por extremistas islamistas. Sin embargo, organizaciones de derechos civiles temen que un marco legal tan amplio sea utilizado para silenciar protestas legítimas y erosionar las protecciones de la Primera Enmienda.
La ofensiva contra antifa revela, más que la existencia de una estructura terrorista organizada, la apuesta del presidente por movilizar a su base electoral mediante la construcción de un enemigo difuso: un movimiento sin jerarquía, convertido en el chivo expiatorio perfecto en una nación donde la violencia política, en realidad, proviene de múltiples frentes.
Crédito fotográfico: Getty Images/Nathan Howard