THE LATIN VOX (29 de septiembre de 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz.
El próximo 6 de octubre, cuando inicie un nuevo período de sesiones en la Corte Suprema de Estados Unidos, estará en juego mucho más que un debate técnico sobre líneas de distritos electorales en Luisiana.
El caso Louisiana v. Callais podría convertirse en el golpe más decisivo contra lo que queda de la Ley de Derechos Electorales (VRA, por sus siglas en inglés) de 1965, una de las piedras angulares de la democracia multirracial estadounidense.
El litigio se centra en la forma en que Luisiana redibujó su mapa electoral tras el censo de 2020. Aunque un tercio de la población del estado es afroamericana, solo se permitió a estos votantes influir en la elección de un sexto de los representantes federales.
Tribunales inferiores declararon que esa práctica violaba la sección dos de la VRA, que prohíbe políticas que reduzcan o diluyan la capacidad política de las minorías raciales.
Sin embargo, la apelación que ahora revisa la Corte Suprema le da la vuelta al argumento: un grupo de votantes blancos alega que los intentos de garantizar representación a la comunidad negra constituyen en realidad una “discriminación” en su contra.
La tesis, calificada por expertos como un ejercicio de revisionismo histórico, busca reinterpretar las enmiendas de la Reconstrucción —aprobadas tras la Guerra Civil para proteger a los antiguos esclavos— como si fueran un obstáculo a los derechos de los grupos mayoritarios.
Una batalla de 160 años
El trasfondo de Louisiana v. Callais no es nuevo. Desde el final de la Guerra Civil, sectores conservadores han intentado neutralizar los avances logrados durante la Reconstrucción: desde el ascenso de legisladores afroamericanos en el siglo XIX hasta la aprobación de la VRA en 1965, que transformó el acceso al voto en el sur de EE.UU.
Ese patrón ha reaparecido una y otra vez. En 2013, la Corte Suprema invalidó el mecanismo de “preautorización” que obligaba a estados con antecedentes de discriminación a someter cualquier cambio electoral a supervisión federal.
El fallo debilitó severamente la VRA, bajo el argumento de que esas salvaguardas ya no eran necesarias. Ahora, la propia sección dos —el último gran pilar de la ley— podría correr la misma suerte.
Una Corte cada vez más alineada
Con una mayoría conservadora sólida, la Corte Suprema ha respaldado en años recientes muchas de las iniciativas del Ejecutivo que amplían sus poderes y restringen protecciones de derechos civiles.
Los críticos advierten que este nuevo caso no es una simple disputa legal, sino parte de una estrategia más amplia para reconfigurar el sistema político hacia un modelo que favorezca al partido gobernante y erosione los contrapesos democráticos.
“Decir que garantizar representación a votantes negros es una discriminación contra los blancos es una inversión perversa de la historia de la Reconstrucción”, señaló un académico experto en derecho constitucional. “Si esa lógica prevalece, la democracia multirracial de Estados Unidos podría convertirse en una fachada vacía”.
¿Qué está en juego?
Más allá de los límites de Luisiana, el fallo podría sentar un precedente para permitir un gerrymandering aún más agresivo en todo el país, debilitando la representación política de minorías raciales y consolidando mayorías artificiales en el Congreso.
En palabras de la jueza Ketanji Brown Jackson en un caso previo: “El principio de colorblind constitutionalism no es neutral; en la práctica, consolida la jerarquía racial existente”.
El desenlace de Louisiana v. Callais será, en efecto, una prueba histórica: si Estados Unidos continúa el camino iniciado con la Ley de Derechos Electorales de 1965, o si da un paso atrás hacia un orden que amenaza con relegar, una vez más, a millones de ciudadanos a la periferia política.
Crédito fotográfico: Michael M. Santiago/Getty Images