THE LATIN VOX (15 de marzo del 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz.
En una decisión histórica que podría tener implicaciones significativas para la política migratoria de Estados Unidos, un juez federal ha bloqueado temporalmente al presidente Donald Trump de utilizar una ley de hace más de 200 años para deportar a inmigrantes venezolanos.
La Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, creada en tiempos de guerra, ha sido invocada por Trump para deportar a miembros del grupo criminal Tren de Aragua, un cartel venezolano señalado como una organización terrorista extranjera.
Sin embargo, la decisión del juez James Boasberg plantea interrogantes sobre la legalidad y la conveniencia de emplear una legislación diseñada para tiempos de conflicto armado en una era de paz.
El contexto y la proclamación presidencial
El pasado sábado, la Casa Blanca emitió una proclama presidencial en la que se señalaba que el Tren de Aragua, con miles de miembros, había infiltrado ilegalmente Estados Unidos y estaba llevando a cabo acciones hostiles contra la nación.
La proclamación subrayó que estos individuos representaban una amenaza inmediata, justificando su deportación mediante la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una ley que, hasta ahora, solo se ha utilizado en tres ocasiones: durante la Guerra de 1812, la Primera y la Segunda Guerra Mundial.
El argumento de la administración Trump, que alega que el Tren de Aragua es un grupo terrorista extranjero, fue suficiente para que el presidente invocara esta ley, permitiéndole tomar medidas drásticas contra los inmigrantes sin necesidad de juicios o audiencias de asilo.
Sin embargo, este enfoque ha desatado fuertes críticas de grupos de derechos civiles como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y Democracy Forward, quienes argumentan que la ley no puede aplicarse durante tiempos de paz, y mucho menos contra un país con el que Estados Unidos no está en guerra, como es el caso de Venezuela.
Un juez bloquea la deportación
En respuesta a una demanda presentada por estas organizaciones, el juez Boasberg emitió una orden temporal de restricción, bloqueando las deportaciones durante 14 días. Boasberg, al revisar el caso, consideró que la situación requería una respuesta urgente para mantener el statu quo hasta que se pudiera llevar a cabo una audiencia judicial.
El fallo no solo detiene las deportaciones de los venezolanos en cuestión, sino que también podría tener un efecto más amplio, extendiéndose a todos aquellos que se encuentren en peligro de ser deportados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.
La decisión del juez ha encendido el debate sobre el alcance de los poderes presidenciales y sobre si, en efecto, la Ley de Enemigos Extranjeros puede o debe ser utilizada en circunstancias que no se asemejan a un estado de guerra.
La historia de la Ley de Enemigos Extranjeros
La Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 fue diseñada en una época en que Estados Unidos temía amenazas externas en medio de la Revolución Francesa y las tensiones con Gran Bretaña. Su propósito original era autorizar al gobierno a tomar medidas contra individuos extranjeros de países hostiles en tiempos de guerra, permitiendo su detención, reubicación o deportación sin el proceso judicial tradicional.
Durante la Segunda Guerra Mundial, esta ley se utilizó para arrestar a más de 31,000 personas, en su mayoría de ascendencia japonesa, alemana e italiana, en lo que se consideró una de las mayores violaciones de derechos civiles en la historia de Estados Unidos.
El hecho de que Trump recurra a esta ley para abordar la migración irregular y las actividades de pandillas como el Tren de Aragua ha generado preocupaciones sobre el uso indebido de un poder que debería ser reservado para situaciones excepcionales.
Una herramienta de política o de control migratorio
Para los defensores de los derechos de los inmigrantes, el uso de esta ley por parte de Trump parece ser parte de una estrategia para deslegitimar a los inmigrantes, tratándolos como una amenaza invasora. Juliana Macedo do Nascimento, directora adjunta de defensa federal para United We Dream, señaló que ya existen leyes que permiten la detención masiva y la deportación de inmigrantes sin la necesidad de invocar una ley de guerra.
“La migración no es una invasión, y no estamos en tiempos de guerra”, afirmó Macedo do Nascimento. “Es aterrador que se nos esté etiquetando como terroristas, como invasores, cuando somos simplemente personas buscando una vida mejor.”
El uso de la Ley de Enemigos Extranjeros, en este contexto, parece un intento de Trump de reforzar su narrativa de que la migración masiva es una amenaza para la seguridad nacional. Sin embargo, organizaciones como la ACLU argumentan que el gobierno ya dispone de herramientas legales para enfrentar el crimen transnacional y la inmigración irregular sin recurrir a una ley obsoleta que, en su opinión, no tiene cabida en tiempos de paz.
La relevancia de la decisión judicial
El fallo de Boasberg es significativo no solo por lo que impide, sino también por lo que podría implicar en términos de la futura aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros. Si la corte decide extender esta orden de restricción, podría convertirse en un precedente importante para la protección de los derechos de los inmigrantes y una reafirmación de los límites del poder presidencial en materia de inmigración.
Además, resalta la tensión existente entre la necesidad de proteger la seguridad nacional y la obligación de respetar los derechos fundamentales de los individuos, independientemente de su estatus migratorio.
El futuro de la Ley de Enemigos Extranjeros
La batalla legal sobre el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros está lejos de terminar. A medida que se desarrollen los procedimientos judiciales, la controversia sobre su aplicación podría seguir creciendo. La pregunta clave seguirá siendo si el gobierno de Trump, o cualquier futuro gobierno, debería tener la capacidad de invocar una ley tan antigua y poderosa en tiempos de paz, o si su uso debería restringirse a circunstancias más excepcionales, como conflictos bélicos genuinos.
Lo que está claro es que este caso subraya la continua lucha por equilibrar la seguridad nacional con los derechos humanos y la dignidad de los inmigrantes, un debate que está lejos de resolverse.
Crédito fotográfico: Wired