THE LATIN VOX (20 de julio del 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz.
Las tensiones entre Brasil y Estados Unidos se han disparado tras una polémica medida del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien revocó las visas de entrada a EE.UU. de ocho jueces del Supremo Tribunal Federal de Brasil.
La acción, denunciada por el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva como una “intromisión inadmisible”, se enmarca en una campaña de presión por parte del gobierno de Donald Trump para evitar que el expresidente Jair Bolsonaro enfrente la justicia por su presunta participación en un intento de golpe de Estado.
Bolsonaro, exmilitar de extrema derecha y aliado clave del movimiento MAGA de Trump, está siendo juzgado por presuntamente liderar una conspiración violenta para mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022 frente a Lula. Se espera que el Supremo emita una condena en las próximas semanas, con una posible pena de hasta 43 años de prisión.
Escalada sin precedentes
La revocación de visas, anunciada por Rubio a través de la red social X, afectó a Alexandre de Moraes —juez que lidera la investigación contra Bolsonaro— y a otros siete magistrados identificados por el diario O Globo: Luís Roberto Barroso, Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Cármen Lúcia, Edson Fachin y Gilmar Mendes. Los únicos miembros del Supremo no sancionados fueron los designados por Bolsonaro durante su mandato (2019-2023): André Mendonça y Kassio Nunes Marques, junto con Luiz Fux.
Rubio justificó la medida como una defensa de la “libertad de expresión” y acusó a los jueces de liderar una “cacería política” contra el expresidente. El hijo de Bolsonaro, el diputado Eduardo Bolsonaro, quien reside en Estados Unidos desde febrero, agradeció a Rubio públicamente por su apoyo: “Compartimos los mismos valores”, escribió.
Una ofensiva diplomática con efecto bumerán
El gesto de Rubio se suma a la reciente imposición por parte de Trump de aranceles del 50% a todas las importaciones brasileñas, vigentes a partir del 1 de agosto, lo que Lula calificó como “chantaje inaceptable”. La medida generó un repunte del nacionalismo brasileño, con protestas incluso dentro de sectores conservadores.
El influyente diario Estado de São Paulo publicó un editorial condenando la intervención estadounidense como “una mancha en la historia de las relaciones diplomáticas entre las dos democracias más grandes de América”.
El gobierno de Lula, que hasta hace poco enfrentaba baja popularidad y desafíos económicos, ha experimentado un aumento en las encuestas gracias a su firme postura frente a lo que muchos brasileños consideran un ataque a la soberanía nacional.
“Trump no solo atacó nuestra soberanía nacional, sino que también fortaleció políticamente a Lula, quien ahora puede presentarse como el defensor de los intereses brasileños ante una amenaza extranjera”, opinó el columnista político Celso Rocha de Barros.
División incluso entre bolsonaristas
Si bien los Bolsonaro celebraron inicialmente la intervención estadounidense, pronto surgieron señales de arrepentimiento. Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente y senador, publicó en X una petición a Trump para que suspendiera los aranceles y optara por sanciones individuales.
El mensaje fue eliminado horas después, en lo que muchos interpretan como un intento de contener el daño a la base electoral del expresidente, especialmente entre productores rurales en estados como São Paulo y Mato Grosso, que ahora serán los más perjudicados por la guerra comercial.
Rocha de Barros resumió el dilema: “Bolsonaro buscaba victimizarse, pero el castigo económico ha sido tan severo que terminó perjudicando a sus propios aliados”.
Un precedente preocupante para la región
Más allá del impacto bilateral, esta disputa plantea preguntas profundas sobre la estabilidad institucional en América Latina y el respeto al principio de no intervención. Para muchos observadores, la intervención directa del gobierno estadounidense en un proceso judicial interno de otro país democrático marca un precedente peligroso.
“Que una superpotencia castigue a jueces por hacer su trabajo atenta contra los principios fundamentales de la democracia”, advirtió Gleisi Hoffmann, ministra de Relaciones Institucionales de Brasil. “Ni amenazas ni chantajes van a detener la misión de nuestras instituciones: proteger el Estado de Derecho.”
Con el juicio de Bolsonaro acercándose a su desenlace, y con Washington cada vez más involucrado, el mundo observa con atención si esta crisis cruzará nuevas líneas o si la diplomacia logrará contener un conflicto que ya sacude las bases de la relación entre las dos mayores economías del continente.
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