THE LATIN VOX (28 de septiembre de 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz.
En un centro de detención familiar gestionado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Ice) en el sur de Texas, niños migrantes —incluidos bebés y menores de corta edad— están siendo sometidos a condiciones que abogados y grupos de derechos humanos describen como “crueles, dañinas e injustificadas”.
De acuerdo con un informe judicial presentado el 15 de septiembre, las familias retenidas en el South Texas Family Residential Center, en la pequeña localidad de Dilley, enfrentan prolongadas detenciones que superan el límite legal de 20 días para menores, falta de acceso a agua limpia, privación crónica del sueño, deficiencias médicas graves y carencia de productos básicos de higiene.
Un ambiente carcelario para familias no criminales
Los testimonios recogidos por observadores independientes describen un entorno “similar a una prisión”, donde guardias llaman “reclusos” a niños y padres, pese a que no han cometido delitos. Muchos viven en remolques con aspecto de celdas, bajo vigilancia constante y reglas que madres y padres califican como arbitrarias.
Una mujer relató: “No me dejan tomar la mano de mi esposo en ninguna parte… no hay lugar donde podamos hablar en privado”. Otro padre denunció que su hijo, desesperado por la incertidumbre, comenzó a golpearse contra el suelo.
Agua sucia, luces encendidas toda la noche y atención médica insuficiente
El documento judicial detalla un patrón de privaciones:
- Agua no potable: familias afirman que el agua huele “horrible” y que la única opción es comprar botellas.
- Privación de sueño: las luces permanecen encendidas toda la noche, mientras los agentes hacen ruidos constantes con puertas y radios.
- Atención médica inadecuada: un niño con fuertes dolores estomacales esperó seis horas antes de ser trasladado de urgencia a cirugía por apendicitis. Otros menores con leucemia o autismo sufren al no recibir terapias esenciales.
- Falta de higiene: más allá de un jabón líquido que causa irritaciones, otros productos deben pagarse.
- Educación deficiente: solo una hora diaria de actividades básicas como colorear o llenar hojas de trabajo.
Negocio millonario en medio de denuncias
El centro es operado por la empresa privada CoreCivic, que espera ingresos de 180 millones de dólares anuales hasta al menos 2030 por administrar la instalación. La compañía evitó pronunciarse sobre Dilley, aunque en casos previos ha negado problemas similares en otros centros.
ICE, por su parte, insiste en que cumple con los estándares legales, mientras que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no respondió a solicitudes de comentarios antes de la publicación del informe.
Un choque legal y moral
Los abogados que monitorean el centro —del Center for Human Rights and Constitutional Law, el National Center for Youth Law y la organización Children’s Rights— advirtieron que pedirán a un tribunal federal en Los Ángeles que obligue al gobierno a cumplir con los estándares de detención infantil establecidos en el acuerdo Flores de la década de 1990.
“El monitoreo ha demostrado lo poco que esta administración valora a los niños, su bienestar y la unidad familiar”, señaló Becky Wolozin, del National Center for Youth Law.
El centro de Dilley, con capacidad para 2,400 personas, fue reabierto este año como parte de la estrategia del gobierno de Donald Trump para acelerar deportaciones. Actualmente aloja a menos familias, pero los defensores temen que su uso se expanda.
Una advertencia repetida
Pediatras, juristas y organismos internacionales han denunciado durante años los efectos devastadores de la detención prolongada en menores. Incluso en 2016, un comité asesor del propio DHS desaconsejó la práctica.
Hoy, las voces de alarma se multiplican: “La detención familiar no solo es cruel y dañina para los niños, sino que además carece de justificación alguna”, concluye el escrito judicial.
Crédito fotográfico: American Immigration Council