THE LATIN VOX (28 de marzo del 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz.
La visita reciente de la secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem, a la prisión de máxima seguridad Cecot en El Salvador ha generado una ola de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, que la califican como un «teatro político».
Noem visitó esta famosa prisión que alberga a cientos de venezolanos deportados de los Estados Unidos, muchos de ellos sin una audiencia legal previa, lo que ha desatado una controversia sobre la violación de derechos humanos y el uso de la inmigración como herramienta de miedo.
El Cecot, que significa “Centro de Confinamiento de Terrorismo”, fue construido en 2022 durante una brutal campaña del gobierno de El Salvador para reprimir a las organizaciones criminales.
En este centro, recientemente fueron detenidos casi 300 migrantes, previamente bajo custodia estadounidense, que fueron deportados sin un proceso judicial formal. Se les acusa de ser miembros de pandillas violentas, a pesar de que muchos de sus familiares aseguran que no tienen vínculos con el crimen organizado.
Un espectáculo de temor y crueldad
Organizaciones como el Comité para Defender los Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc) y el Latin America Working Group (LAWG) han denunciado que la visita de Noem es un intento más de la administración Trump para infundir miedo en las comunidades inmigrantes.
Según Ivania Cruz, abogada de Unidehc, la visita a Cecot fue «un espacio cinematográfico» utilizado por Noem para dar la imagen de una lucha contra la inmigración indeseada, una táctica que, según Cruz, forma parte de la política de terror que el gobierno de Trump quiere imponer.
“Noem ha utilizado el Cecot como un escenario para su teatro político. Es una muestra cruel y grotesca de lo que se espera de la administración Trump”, afirmó Vicki Gass, directora ejecutiva de LAWG. “El hecho de que se esté ignorando el debido proceso judicial y se esté deportando a personas dentro de las fronteras de EE. UU. sin pruebas es una violación atroz de los derechos humanos”, agregó Gass.
En enero, Donald Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros, una medida de guerra que permite al ejecutivo de EE. UU. detener y deportar a personas provenientes de países considerados “enemigos”.
Aunque un juez federal bloqueó esta invocación, poco después llegaron aviones provenientes de EE. UU. con más de 250 venezolanos deportados. Muchos de ellos fueron enviados a Cecot, donde se les rapó la cabeza y se les metió en celdas sin mayores explicaciones ni pruebas de su presunta vinculación con las pandillas.
Derechos humanos y Due Process en juego
Amnistía Internacional y otras organizaciones han documentado condiciones inhumanas dentro de los centros de detención en El Salvador, incluido el Cecot. Se ha informado de hacinamiento extremo, falta de acceso a atención médica adecuada y trato cruel que podría considerarse tortura.
Ana María Méndez Dardón, directora de la Oficina de Washington para América Latina, afirmó que el Cecot tiene capacidad para 40,000 personas, pero actualmente alberga a una población mucho mayor, lo que ha generado un sistema penitenciario sobrecargado y propenso a abusos.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, fue quien impulsó la creación del Cecot como parte de su “estado de excepción”, una medida que permitió la detención masiva de personas en un intento por erradicar las pandillas. No obstante, organizaciones de derechos humanos han señalado que muchas de estas detenciones se hicieron sin pruebas claras de que las personas detenidas fueran miembros de pandillas.
Un juego político con consecuencias humanas
El uso de una prisión extranjera para albergar a inmigrantes de un tercer país es un precedente sin precedentes y genera serias preocupaciones sobre las violaciones a los derechos humanos. Cruz, la abogada salvadoreña, también señaló que no es casualidad que los deportados sean en su mayoría venezolanos, dada la relación política conflictiva entre los gobiernos de EE. UU. y Venezuela. “Hoy son venezolanos, mañana pueden ser chilenos o colombianos. Este es un problema internacional que está provocando conflictos innecesarios”, dijo Cruz.
La visita de Noem se produjo un día antes de una protesta organizada por una ONG salvadoreña, que se oponía a las detenciones arbitrarias del gobierno de Bukele.
En un video publicado en la red social X, Noem advirtió: «Si vienen a nuestro país ilegalmente, esta es una de las consecuencias que pueden enfrentar». Estas palabras reflejan una postura dura y represiva hacia los inmigrantes, especialmente aquellos que no tienen acceso a un proceso judicial adecuado.
El futuro de los migrantes deportados
El escándalo de los migrantes deportados sin audiencias y detenidos en condiciones inhumanas plantea serias preguntas sobre el respeto a los derechos constitucionales y el debido proceso. A pesar de las denuncias y las acciones judiciales, el gobierno de Trump ha seguido adelante con su política de deportaciones masivas, mientras que el gobierno salvadoreño ha apoyado el encarcelamiento de estos migrantes en su sistema penitenciario, conocido por su historial de abusos.
El caso pone de relieve la vulnerabilidad de los inmigrantes en un contexto internacional en el que los derechos humanos de los más indefensos continúan siendo violados en nombre de la política migratoria. Para muchos, la situación de estos migrantes deportados es un recordatorio de la importancia de proteger los derechos de los seres humanos, independientemente de su nacionalidad o estatus migratorio.
Este “teatro político” ha dejado en claro que la lucha por los derechos de los inmigrantes sigue siendo un tema urgente y que, mientras los gobiernos de EE. UU. y El Salvador se enfrascan en sus políticas, las vidas de miles de personas continúan siendo afectadas por decisiones políticas sin justificación ni humanidad.
Crédito fotográfico: Alex Brandon/Reuters