THE LATIN VOX (18 de julio del 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz.
La detención del profesor universitario John Caravello durante una redada migratoria en una granja de cannabis en el sur de California ha provocado una oleada de apoyo de académicos, activistas y defensores de derechos civiles, mientras surgen versiones contradictorias sobre lo ocurrido durante el operativo federal que resultó en la muerte de un trabajador agrícola.
Caravello, profesor de matemáticas y filosofía en la Universidad Estatal de California en Channel Islands (CSUCI), fue arrestado el pasado jueves y enfrenta cargos por presuntamente haber agredido a un agente federal al lanzar una granada de gas lacrimógeno durante una protesta en la granja Glass House en Camarillo, al norte de Los Ángeles. Sin embargo, testigos presenciales desmienten la versión oficial y afirman que el académico fue arrestado mientras auxiliaba a otro manifestante en silla de ruedas.
Una redada caótica con consecuencias fatales
La operación fue ejecutada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), acompañados por vehículos de tipo militar y refuerzos de la Guardia Nacional.
Según reportes, más de 360 trabajadores agrícolas fueron detenidos, incluyendo personas que no tenían vínculos con la producción ilegal. También fueron arrestados manifestantes como Caravello y un veterano de guerra que trabajaba como guardia de seguridad.
La redada, que ha sido calificada como una de las más grandes en número de arrestos en California bajo la actual administración de Trump, adquirió aún más notoriedad tras confirmarse que un trabajador murió al caer del techo de un invernadero mientras huía de los agentes.
Testimonios que contradicen la versión oficial
Genevieve Flores-Haro, directora asociada del Proyecto Comunitario Mixteco Indígena (MICOP) con sede en Oxnard, presenció el arresto de Caravello y asegura que la actuación de las autoridades fue desproporcionada: “Los únicos que lanzaron gas lacrimógeno fueron los agentes de ICE y la Guardia Nacional. El profesor Caravello estaba ayudando a un manifestante en silla de ruedas; nunca lo vi lanzar nada”.
Flores-Haro también describió cómo los manifestantes intentaron bloquear pacíficamente la salida de las camionetas que transportaban a los detenidos, mientras coreaban frases de protesta contra la presencia de ICE en la comunidad.
Según ella, la represión con gas lacrimógeno y balas de goma fue injustificada: “Soy ciudadana estadounidense, nacida aquí, graduada de USC. ¿Cómo puede ser que mis impuestos estén financiando que me disparen en una protesta pacífica?”
Un activista con largo historial en defensa de inmigrantes
Caravello no es un desconocido en los círculos de activismo local. Además de su trabajo académico, ha sido organizador con el Sindicato de Inquilinos del Condado de Ventura y voluntario de VC Defensa, una coalición de organizaciones dedicada a la protección de comunidades inmigrantes y refugiadas en los condados de Ventura y Santa Bárbara.
La noche anterior a la redada, Caravello había hablado durante una reunión del concejo municipal de Camarillo, donde pidió a las autoridades locales que se opusieran públicamente a la presencia de ICE. “Es mi responsabilidad proteger a mis estudiantes y a sus familias, muchos de los cuales son indocumentados”, declaró en ese momento.
Apoyo creciente y llamados a la justicia
Caravello fue liberado este lunes tras pagar una fianza de $15,000 dólares, pero aún enfrenta cargos penales. Su audiencia está programada para el 1 de agosto. Al salir del centro de detención metropolitano de Los Ángeles, fue recibido por una pequeña multitud que coreaba: “John Caravello, mereces una medalla por defender a la comunidad”. Según testigos, el gesto conmovió profundamente al profesor.
La Universidad Estatal de California en Channel Islands emitió un comunicado diciendo que continúa investigando los hechos y recordó que “la participación pacífica en protestas es un derecho protegido por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos”.
Theresa Montaño, colega de Caravello y miembro de la Asociación de Profesores de California, expresó su confianza en que el caso será desestimado: “John no es culpable. Tenemos testigos que pueden confirmarlo. Él es un organizador experimentado y jamás lanzaría nada a un agente federal”.
Dudas sobre el uso de la fuerza y el destino de los detenidos
Mientras tanto, aún hay incertidumbre sobre el paradero de varios trabajadores detenidos, algunos de los cuales han sido localizados en centros de detención tan distantes como El Paso, Texas. Activistas denuncian que muchos no cuentan con redes de apoyo ni acceso legal para enfrentar el proceso migratorio.
El Departamento de Seguridad Nacional y ICE no han respondido a solicitudes de comentarios. En redes sociales, el fiscal federal Bill Essayli —conocido por su postura dura contra la inmigración en California— reafirmó la versión oficial del arresto, lo que ha generado aún más escepticismo entre defensores de derechos humanos.
Lo ocurrido en Camarillo ha reavivado el debate sobre los métodos utilizados en la aplicación de políticas migratorias y sobre los límites del uso de la fuerza en operativos donde están involucrados civiles desarmados. Para muchos, el caso de John Caravello simboliza tanto la vulnerabilidad de los activistas como la resiliencia de quienes deciden alzar la voz en defensa de sus comunidades.
Crédito fotográfico: National Review