THE LATIN VOX (27 de septiembre de 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz.
En medio del desierto del Mojave, a 160 kilómetros al noreste de Los Ángeles, se alza un complejo de concreto que fue, hasta marzo de 2024, una prisión estatal clausurada.
Hoy, reabierto bajo la administración de la corporación privada CoreCivic, se ha convertido en el mayor centro de detención de inmigrantes de California y en un símbolo de la expansión acelerada del sistema migratorio del gobierno de Donald Trump.
Para quienes están dentro, sin embargo, no es simplemente un centro de detención. Es “un zoológico”, “una cámara de tortura” y “un infierno en la tierra”. Así lo describen seis personas que aseguran vivir en condiciones insalubres, sin medicinas, con alimentos insuficientes y bajo amenazas de confinamiento solitario y uso de la fuerza.
Un complejo abierto a toda prisa
El centro de detención de California City fue reabierto a finales de agosto con capacidad para más de 2,500 camas.
CoreCivic, que gestiona decenas de prisiones y centros migratorios en Estados Unidos, firmó un contrato de 13,5 millones de dólares con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para operarlo.
La instalación ha incrementado la capacidad de detención migratoria del estado en un 36% y forma parte de un plan federal de 45,000 millones de dólares para detener a más de 100.000 personas.
Pero defensores de derechos de los inmigrantes y autoridades locales aseguran que el proceso violó normas básicas.
El alcalde de California City, Marquette Hawkins, admitió que CoreCivic aún no tiene licencia comercial ni permisos definitivos y que no notificó a la ciudad la llegada de los detenidos. Organizaciones legales denuncian que también se saltaron las audiencias públicas obligatorias.
“Nos tratan como animales”
Los relatos de los internos son consistentes. Alfredo Parada Calderón, salvadoreño detenido desde hace dos años, cuenta que al llegar le dieron un solo par de calcetines y ropa interior para una semana. Dormía con luces encendidas las 24 horas en una celda helada. “Nos tratan como prisioneros cuando somos civiles”, dijo.
Oscar, otro detenido, teme represalias si revela su apellido. Asegura que un oficial les ordenó beber agua turbia del grifo: “Este lugar estuvo cerrado. ¿Quién sabe qué hay en las tuberías?”. Al final, dice, les trajeron agua en bidones, aunque tampoco confía en su calidad.
Jon, quien usa un pseudónimo, relata que encontró su inodoro lleno de heces al llegar y que debió limpiar su celda con su propio jabón. “Nos dieron dos cubetas de agua y dos escobas para limpiar un dormitorio con 90 personas”, dijo.
Los internos denuncian también un trato militarizado. “¡A sus celdas! ¡Formación! ¡Conteo!”, gritan los guardias, según Parada. Hay siete conteos diarios, lo que puede significar hasta 20 horas encerrados. La falta de tiempo al aire libre y la comida escasa —“racionamos pan”, dice uno— agravan la sensación de castigo.
El talón de Aquiles: La atención médica
Las quejas más graves apuntan a la salud. Un solicitante de asilo con problemas de movilidad dice que ha esperado meses una cirugía y que le negaron repetidas veces una silla de ruedas: “Cada día me duele más. Nadie me escucha. Nadie se preocupa”.
Otros relatan retrasos en la entrega de medicación, incluidas insulina y fármacos psiquiátricos, a horas inapropiadas de la madrugada.
Sokhean Keo, camboyano en huelga de hambre, cuenta que sin su medicación para la ansiedad siente palpitaciones y sudores como “un infarto inminente”. Ha visto a compañeros colapsar y escuchar gritos de “¡man down!” para pedir ayuda. Fernando, otro detenido, asegura que un hombre con problemas mentales intentó suicidarse sin recibir asistencia previa.
CoreCivic reconoció un intento de suicidio el 9 de septiembre, pero sostiene que su equipo médico ofrece atención las 24 horas y que cumple con los estándares de sus socios gubernamentales. La empresa niega problemas de agua y afirma que entrega ropa limpia, jabón y mantas, y que existen bibliotecas jurídicas en las áreas comunes.
Protestas y silencio oficial
El California Collaborative for Immigrant Justice (CCIJ) reporta que más de 100 detenidos han realizado huelgas de hambre y sentadas en protesta. La respuesta, dicen, ha sido encierros, restricciones telefónicas y amenazas de “unidades de alojamiento restrictivo”, término corporativo para el confinamiento solitario.
Mientras tanto, afuera del complejo crecen las protestas y se llenan las reuniones del concejo municipal con residentes que exigen cerrar la instalación.
“Este lugar está diseñado para quebrarnos”, implora Keo. “Mi familia quiere que siga luchando mi caso, pero estoy cansado. Pienso en rendirme todos los días. Mi país está mal, muy mal. Pero no hay nada peor que esto”.
En el corazón del desierto californiano, los testimonios de California City no son solo una denuncia de condiciones indignas; son un espejo de la política migratoria de Estados Unidos y del poder que las corporaciones privadas han acumulado en su implementación.
Para quienes están dentro, ese poder tiene un rostro muy concreto: celdas frías, agua turbia, medicinas tardías y una vida suspendida en un “infierno en la tierra”.
Crédito fotográfico: KBAK