THE LATIN VOX (22 de febrero del 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz.
En una decisión que podría marcar un punto de inflexión en la política de ayuda exterior de los Estados Unidos, un juez federal ha dado luz verde a la administración Trump para poner en licencia a más de 2,000 empleados de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Esta medida ha sido un revés significativo para los sindicatos de empleados del gobierno que han presentado una demanda contra lo que consideran un intento de desmantelar la agencia de ayuda exterior.
El juez del distrito estadounidense Carl Nichols, designado por Trump durante su primer mandato, levantó una orden de restricción temporal que había emitido al inicio del caso y rechazó emitir una orden a largo plazo para mantener a los empleados en sus puestos.
En su fallo, Nichols argumentó que estaba satisfecho con las garantías presentadas por la administración en los documentos judiciales, las cuales afirmaban que el personal de USAID ubicado en el extranjero, que sería colocado en licencia, seguiría estando protegido por la seguridad de EE. UU.
Este fallo ha sido visto como un golpe para los sindicatos, que han criticado fuertemente las políticas de la administración Trump hacia la ayuda internacional y los esfuerzos para reducir la operación de USAID.
«Estamos decepcionados con la decisión de hoy y creemos que los daños que enfrentan los trabajadores de USAID son reales. Seguimos confiados en que los tribunales encontrarán que los esfuerzos de la administración para desmantelar USAID son contrarios a la ley», dijo Skye Perryman, presidenta de la organización legal sin fines de lucro Democracy Forward, que representa a los sindicatos, en un comunicado.
La demanda fue presentada a principios de mes por la Federación Americana de Empleados Gubernamentales y la Asociación de Servicio Exterior de los Estados Unidos. Desde entonces, el grupo global contra la pobreza Oxfam se ha unido al caso, aunque el juez Nichols aún no ha considerado sus reclamos.
La decisión del juez Nichols llega en un momento crítico, ya que la administración Trump comenzó su mandato con medidas drásticas en cuanto a la política exterior, incluida la orden de congelar toda la ayuda exterior en su primer día de gobierno. Este movimiento generó caos en los esfuerzos de ayuda humanitaria global y en las operaciones de USAID.
En las semanas siguientes, funcionarios del gobierno tomaron acciones que paralizaron en gran medida las operaciones de la agencia, incluyendo la suspensión o terminación de la mayoría de sus contratos y el cierre de su sede en Washington D.C.
Además, el Secretario de Estado, Marco Rubio, escribió una carta al Congreso el 4 de febrero en la que afirmaba haber asumido el cargo de director interino de USAID. En dicha carta, indicó que el Departamento de Estado consultaría con el Congreso sobre la posibilidad de absorber partes de USAID y cerrar el resto de la agencia, lo que ha generado aún más incertidumbre en torno al futuro de la ayuda exterior de EE. UU.
El congelamiento de la ayuda exterior y la posible disolución de USAID han generado múltiples desafíos legales. Esta última decisión del juez Nichols se da un día después de que otro tribunal ordenara a la administración reanudar los pagos en contratos y subvenciones congeladas, después de que no cumpliera con una orden anterior. Esto demuestra el creciente clima de litigios en torno a las políticas del gobierno de Trump relacionadas con la ayuda internacional.
La situación con USAID pone en evidencia la tensión entre las prioridades internas de la administración Trump, que ha centrado sus esfuerzos en la reducción del tamaño del gobierno y el reordenamiento de sus agencias, y las demandas de organizaciones globales, sindicatos y actores internacionales que defienden la necesidad de mantener la ayuda exterior como una herramienta esencial para el desarrollo global y la diplomacia.
A medida que los tribunales siguen evaluando estos casos, la incertidumbre sobre el destino de USAID y la ayuda internacional de los EE. UU. persiste. La lucha legal que se avecina podría redefinir la forma en que el país se involucra en el escenario mundial en términos de asistencia humanitaria y cooperación internacional.
Crédito fotográfico: The New York Times