THE LATIN VOX (24 de marzo del 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz.
Un tribunal federal ha detenido el intento de la administración de Donald Trump de deportar a inmigrantes venezolanos bajo una ley de poderes de guerra de aproximadamente 225 años de antigüedad, dictaminando que las personas acusadas deben recibir audiencias antes de ser removidas del país.
Este fallo subraya un enfrentamiento legal que ha captado la atención de Estados Unidos y más allá, por su potencial para cambiar el rumbo de la política migratoria en medio de un debate cada vez más polarizado.
El juez James Boasberg, de la Corte del Distrito de Columbia, rechazó el 23 de marzo el intento del gobierno de revocar órdenes de restricción que protegían a los inmigrantes venezolanos de la deportación sin una audiencia judicial.
En su fallo, Boasberg insistió en que, antes de ser deportados, los acusados deben tener la oportunidad de impugnar las acusaciones que enfrentan, en especial aquellas vinculadas a supuestos lazos con bandas criminales.
La controversia: Ley de Enemigos Extranjeros de 1798
El caso se origina en una proclamación realizada el 15 de marzo por el expresidente Trump, quien invocó la Alien Enemies Act de 1798, una ley diseñada para deportar a los extranjeros durante tiempos de guerra o «invasiones».
El gobierno de Trump argumentó que las actividades de la banda venezolana Tren de Aragua constituyen una amenaza de «invasión» suficiente para justificar la deportación inmediata de cualquier inmigrante vinculado a esta organización.
Sin embargo, este enfoque ha generado controversia. Un ejemplo de ello es el caso de un maquillador gay de 23 años, acusado erróneamente de pertenecer a la banda, quien fue deportado a la infame prisión Cecot en El Salvador sin una audiencia judicial.
Su abogado, Lindsay Toczylowski, denunció que su cliente «desapareció» a pesar de tener una cita programada en la corte de inmigración, luego de que las autoridades interpretaran mal sus tatuajes como símbolos de pertenencia a una pandilla.
El impacto del fallo judicial
El juez Boasberg, en su fallo, declaró que los cinco inmigrantes venezolanos que habían solicitado ayuda de emergencia deberían ser protegidos de la deportación mientras se resuelven sus casos. Estos individuos afirmaron que huían de Venezuela precisamente para escapar de bandas como Tren de Aragua, lo que contradice las acusaciones que el gobierno de Trump les imputa.
En este contexto, Boasberg aclaró que su decisión no impide la aplicación normal de la ley migratoria, ya que el gobierno ya había designado a Tren de Aragua como una organización terrorista extranjera, lo que permite la deportación de sus miembros por canales convencionales.
A pesar de la victoria judicial, el fallo ha provocado la ira de Trump, quien calificó al juez Boasberg, nombrado por Barack Obama, como un «lunático de izquierda radical» y pidió su destitución. Este ataque fue seguido de una rara reprimenda del presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, quien defendió la independencia del poder judicial.
Lo que está en juego: La ampliación de los poderes presidenciales
El caso no termina con la decisión de Boasberg. Se esperan nuevos desarrollos, ya que la administración de Trump ha apelado la decisión ante el tribunal de apelaciones del circuito de Washington, D.C., donde sus abogados intentarán levantar la orden de Boasberg.
Si el tribunal de apelaciones fallara a favor de la administración, ello podría abrir la puerta para que Trump use la Alien Enemies Act de manera más amplia, permitiendo la deportación de inmigrantes acusados de ser miembros de bandas sin que se les otorgue el proceso debido que les corresponde por ley.
Este conflicto refleja una de las mayores tensiones en la política migratoria de EE. UU. en los últimos años. Por un lado, el gobierno de Trump intenta utilizar poderes excepcionales de guerra para enfrentar lo que considera una amenaza externa, mientras que los defensores de los derechos civiles y los inmigrantes defienden el acceso a la justicia y el debido proceso para aquellos acusados, sin importar su estatus migratorio.
El futuro de la política migratoria en EE.UU.
Este caso podría sentar un precedente en cuanto a cómo se manejarán las deportaciones bajo la administración Trump y, de ser apelado con éxito, podría significar una ampliación significativa de los poderes presidenciales en materia de inmigración, permitiendo que personas sean deportadas sin las garantías de un juicio justo.
El juicio no solo involucra a inmigrantes venezolanos, sino que podría afectar a miles de personas que enfrentan acusaciones similares y que, según los defensores de los derechos humanos, podrían ver sus vidas y libertades amenazadas sin poder defenderse adecuadamente.
En última instancia, el resultado de este litigio podría redefinir el equilibrio entre la seguridad nacional y los derechos fundamentales de las personas que residen en Estados Unidos.
Crédito fotográfico: Common Dreams