THE LATIN VOX (31 de julio del 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz.
Una nueva crisis diplomática sacude las relaciones entre Estados Unidos y Brasil tras la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de imponer sanciones al juez de la Corte Suprema brasileña Alexandre de Moraes, quien preside el juicio por intento de golpe de Estado contra el exmandatario Jair Bolsonaro.
La medida, anunciada ayer miércoles por el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, ha sido calificada por el gobierno brasileño como “un ataque directo a la democracia” del país sudamericano. “No aceptaremos injerencias extranjeras en nuestro sistema judicial”, advirtió José Guimarães, diputado del Partido de los Trabajadores (PT) del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Un acto sin precedentes
Alexandre de Moraes ha sido una figura central en el proceso judicial contra Bolsonaro, acusado de orquestar un intento de golpe tras perder las elecciones presidenciales de 2022. El juicio —que podría resultar en una condena de hasta 43 años de prisión— ha sido considerado por muchos como un momento decisivo para el futuro de la democracia brasileña.
Trump, sin embargo, lo ve de otra forma. En una declaración oficial, Bessent acusó a Moraes de liderar “una campaña opresiva de censura, detenciones arbitrarias y procesos judiciales politizados”. Acto seguido, anunció sanciones bajo la Ley Magnitsky, diseñada originalmente para castigar violaciones graves de derechos humanos como tortura, represión étnica o crímenes de guerra.
El secretario de Estado, Marco Rubio, amplificó la acusación con un mensaje directo en redes sociales: “Las togas no protegen a quienes pisotean los derechos fundamentales”.
Aranceles, presión y reacciones
Junto con las sanciones, Trump firmó una orden ejecutiva para imponer aranceles del 50% a las importaciones brasileñas, aunque con exenciones clave como el petróleo, el jugo de naranja y los aviones.
Según la Casa Blanca, estas medidas son una respuesta a la “persecución política” contra Bolsonaro y miles de sus simpatizantes.
El impacto político ha sido inmediato. Aliados de Lula lo interpretan como un intento descarado de Trump de salvar a su aliado ideológico de una condena judicial. “Esta sanción no es solo un agravio contra un magistrado. Es una afrenta a la soberanía brasileña”, declaró la ministra Gleisi Hoffmann, figura clave del gobierno de Lula.
Incluso desde sectores conservadores ha habido condenas. Eduardo Leite, gobernador del estado de Rio Grande do Sul y posible candidato presidencial, afirmó que “ningún país puede intentar interferir en nuestras instituciones”.
¿Una cruzada ideológica?
Para los partidarios de Bolsonaro, en cambio, la acción de Trump es una señal de esperanza. Su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, celebró las sanciones como “una acción valiente” y afirmó que la campaña para “salvar la democracia” continuará. Eduardo ha pasado las últimas semanas en Estados Unidos cabildeando con miembros del gobierno de Trump para apoyar a su padre.
“Hoy siento que he cumplido una misión, pero nuestro camino no termina aquí”, declaró en un video difundido en redes sociales.
Expertos: Un uso peligroso de la Ley Magnitsky
Juristas y defensores de derechos humanos han reaccionado con alarma ante el uso de la Ley Magnitsky contra un magistrado de una democracia consolidada. Thiago Amparo, profesor de derecho internacional en la Fundación Getúlio Vargas, señaló que esta acción “deforma completamente el propósito original de la ley”.
“La Ley Magnitsky está diseñada para castigar crímenes como tortura o genocidio. Usarla contra un juez por cumplir con su deber constitucional es una distorsión peligrosa”, dijo Amparo.
Desde su implementación en 2017, la ley ha sido aplicada contra funcionarios involucrados en la represión de los uigures en China, militares birmanos acusados de limpieza étnica, y agentes saudíes implicados en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Esta es la primera vez que se utiliza contra un juez de una democracia latinoamericana.
Una brecha diplomática en expansión
La decisión de Trump abre una grieta profunda entre Washington y Brasilia, justo cuando ambos países enfrentan desafíos globales comunes como el cambio climático, la seguridad alimentaria y la estabilidad regional. Mientras la administración de Lula evalúa su respuesta oficial, expertos advierten que la politización de la justicia por actores extranjeros representa una amenaza grave a la independencia judicial y la soberanía nacional.
Más allá del ruido político, el episodio marca una nueva etapa en el uso de herramientas diplomáticas como las sanciones económicas: ya no solo como instrumentos de presión contra dictaduras, sino como armas en guerras ideológicas transnacionales.
Crédito fotográfico: Brasil de Fato