THE LATIN VOX (6 de febrero del 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz.
En un nuevo y controversial movimiento diplomático, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una orden ejecutiva que autoriza sanciones contra individuos y sus familias que colaboren con la Corte Penal Internacional (CPI).
La medida se produce después de que el tribunal emitiera órdenes de arresto contra varios funcionarios israelíes, incluidos el primer ministro Benjamin Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra en Gaza. Trump acusó a la CPI de emprender «acciones ilegítimas y sin fundamento» que buscan atacar tanto a Estados Unidos como a su aliado cercano, Israel.
El presidente Trump ha sido un crítico abierto de la CPI desde que el tribunal comenzó a investigar las acusaciones de crímenes de guerra relacionados con las acciones de Israel en Gaza, particularmente tras la emisión de las órdenes de arresto en noviembre del año pasado.
Este movimiento de la CPI ha incrementado las tensiones entre Washington y La Haya, especialmente cuando los funcionarios israelíes fueron señalados por presuntas violaciones graves durante los enfrentamientos en Gaza.
La firma de la orden ejecutiva coincidió con la visita de Netanyahu al Capitolio de Estados Unidos esta semana, que incluyó una reunión en la Oficina Oval.
Aunque aún no se ha especificado cuándo se anunciarán los nombres de las personas sancionadas, fuentes dentro de la CPI indicaron que el tribunal temía una rápida respuesta por parte de la administración Trump, con sanciones dirigidas tanto contra la institución como contra individuos clave involucrados en las investigaciones.
El riesgo de sanciones de EE. UU. ha sido una preocupación para la CPI durante varios meses, con varias fuentes dentro del tribunal señalando que la administración Trump podría optar por una acción rápida a través de una orden ejecutiva, sin esperar que se apruebe legislación que respalde las sanciones.
Este escenario, considerado por algunos como «el peor de los casos», se ha ido materializando con la firma de la orden ejecutiva, lo que marca un nuevo capítulo en la disputa entre Estados Unidos y la Corte Penal Internacional.
Trump, que ya había argumentado durante su primer mandato que la CPI carecía de «jurisdicción, legitimidad y autoridad» sobre Estados Unidos, sigue manteniendo su postura firme contra el tribunal internacional.
Su administración ha reiterado que la Corte Penal Internacional no tiene derecho a intervenir en los asuntos internos de los Estados Unidos ni en los de sus aliados, como Israel, al no ser parte del Estatuto de Roma que fundó la CPI en 1998.
La medida de Trump ha generado reacciones mixtas a nivel internacional. Mientras que Israel celebra la decisión como una defensa de su soberanía y de la inmunidad de sus líderes, diversas organizaciones de derechos humanos y expertos en derecho internacional critican las sanciones como una amenaza a la justicia global.
A su juicio, la CPI cumple una función fundamental al perseguir crímenes graves que los tribunales nacionales no pueden abordar, y las sanciones de Trump podrían tener un impacto negativo en el sistema internacional de justicia.
Con este nuevo capítulo en la relación entre Estados Unidos y la Corte Penal Internacional, la comunidad internacional se enfrenta a una nueva fase en la lucha por garantizar la rendición de cuentas por crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos, mientras las tensiones políticas y diplomáticas entre grandes potencias y las instituciones globales de justicia siguen aumentando.
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