THE LATIN VOX (7 de febrero del 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una orden ejecutiva que autoriza sanciones económicas severas contra la Corte Penal Internacional (CPI), acusando a la corte de llevar a cabo acciones «ilegítimas y sin fundamento» en contra de los intereses de Estados Unidos e Israel.
Esta medida ocurre después de que la CPI emitiera una orden de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra en Gaza.
Según la orden, el presidente Trump tendrá amplios poderes para congelar activos y prohibir la entrada de funcionarios de la CPI y sus familiares a los Estados Unidos, si se determina que están involucrados en investigaciones o procesamientos de ciudadanos estadounidenses o de ciertos aliados.
La medida responde directamente a la decisión de la CPI de emitir órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant por crímenes contra la humanidad, una movida que Trump calificó de «abuso de poder».
El mandatario estadounidense afirmó que tales acciones sentaban un «precedente peligroso» que ponía en riesgo la seguridad de los ciudadanos y el personal militar estadounidense, además de amenazar la soberanía de Estados Unidos.
En su declaración, Trump agregó que la CPI «no debe intervenir en los asuntos internos de países que han decidido no someter a su personal a la jurisdicción de esta corte».
Ni Estados Unidos ni Israel son miembros de la CPI, una corte permanente encargada de enjuiciar a individuos acusados de atrocidades. Netanyahu, quien expresó su apoyo a Trump, destacó en un mensaje en redes sociales: «Gracias, presidente Trump, por su valiente orden ejecutiva. Esto defenderá a América e Israel de una corte corrupta que no tiene jurisdicción ni base legal para atacarnos».
La orden también establece que los responsables de las acciones de la CPI enfrentarán «consecuencias tangibles y significativas», que incluyen la congelación de propiedades y la suspensión de la entrada de los funcionarios de la corte y sus familias a los Estados Unidos.
La firma de la orden se produjo pocos días después de que Trump se reuniera con Netanyahu en la Casa Blanca. Esta iniciativa ha generado reacciones divididas en la comunidad internacional, y ha sido ampliamente criticada por organizaciones como Amnistía Internacional.
Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía, calificó la orden como un «paso brutal y vengativo» que amenaza con destruir los avances que la comunidad internacional ha logrado a lo largo de décadas en materia de justicia global.
Por otro lado, defensores de los derechos humanos han señalado que estas sanciones perjudicarán a las víctimas de violaciones de derechos humanos en todo el mundo, quienes recurren a la CPI cuando no tienen otro lugar adonde ir para buscar justicia. Charlie Hogle, abogado de la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU), comentó: «La orden dificultará que las víctimas encuentren justicia».
A pesar de las amenazas de sanciones, los funcionarios de la CPI se preparan para enfrentar las consecuencias de esta nueva orden. Aunque aún no está claro quiénes serán los funcionarios específicos objeto de las sanciones, se espera que las figuras de alto rango de la corte, incluido el fiscal Karim Khan, estén entre los afectados.
Este conflicto refleja una creciente tensión entre la administración Trump y las instituciones internacionales que buscan investigar crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Mientras algunos aplauden la defensa de la soberanía nacional, otros consideran que esta decisión podría socavar el sistema de justicia global y empeorar la situación de los derechos humanos en conflictos de todo el mundo.
Crédito fotográfico: Reuters/ Piroschka van de Wouw