THE LATIN VOX (23 de enero del 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado un paso decisivo en su política de inmigración, ordenando el despliegue de hasta 1,500 tropas activas en la frontera sur del país, en un movimiento que marca una militarización sin precedentes de la zona fronteriza entre EE. UU. y México.
Esta medida, parte de su estrategia más agresiva para el control de la inmigración, llega en un momento en que la administración de Trump ha tomado una serie de acciones ejecutivas, algunas de las cuales incluyen la suspensión del programa de reasentamiento de refugiados y el endurecimiento de las políticas de detención y deportación.
Según funcionarios del Pentágono, este despliegue se llevará a cabo con el objetivo de reforzar la seguridad en la frontera, aunque algunos medios como The Washington Post señalan que el número de tropas podría superar las 10,000, lo que representaría un aumento significativo en la presencia militar en la zona.
El secretario de Defensa interino, Robert Salesses, está a punto de autorizar el despliegue, aunque aún no se ha confirmado qué unidades específicas serán enviadas. Las tropas se unirán a los 2,500 soldados de la Guardia Nacional y reservas del ejército que ya han sido llamados a servicio activo en meses recientes, como parte de un esfuerzo por apoyar a las fuerzas federales encargadas de hacer cumplir las leyes migratorias en la región.
La militarización de la frontera: Un giro dramático
A pesar de que no es la primera vez que se despliegan tropas en la frontera sur –el uso de la Guardia Nacional y tropas activas data de 2006 bajo varias administraciones– la magnitud de la participación del ejército en las operaciones de control migratorio representa un cambio significativo en el enfoque tradicional, que generalmente se limita a roles de apoyo.
Los detalles operativos específicos, como las estrategias para enfrentar a los cárteles de drogas, no se han definido aún, y la administración ha señalado que estas decisiones serán tomadas por el secretario de Defensa.
La militarización de la frontera ha generado preocupación entre defensores de los derechos de los inmigrantes y funcionarios locales, quienes temen que estas medidas puedan tener consecuencias graves, no solo para la seguridad de la frontera, sino también para los derechos civiles de las personas en la región.
En particular, el uso de personal militar para operaciones migratorias, algo que no se ha visto en la historia reciente de EE. UU., ha encendido el debate sobre los límites de la autoridad militar.
Impacto de las nuevas políticas de inmigración
La estrategia de Trump ha desencadenado una serie de medidas drásticas, incluidas la suspensión del programa de reasentamiento de refugiados, que ha dejado a miles de refugiados previamente aprobados en espera en todo el mundo.
Además, la administración ha reinstaurado la polémica política de “Permanecer en México”, que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en territorio mexicano mientras se resuelven sus casos, y ha anunciado planes para ampliar el uso de la pena de muerte en delitos relacionados con la inmigración.
Desde la Casa Blanca, funcionarios han defendido estas medidas como una respuesta necesaria a lo que consideran una “amenaza a la seguridad pública, la salud pública y la seguridad nacional” derivada de las políticas del gobierno anterior de Joe Biden.
En una llamada con periodistas, los funcionarios argumentaron que las acciones de la administración Trump son cruciales para restaurar el orden en la frontera y garantizar la seguridad del país.
Sin embargo, los críticos de la política de Trump argumentan que estas medidas representan una militarización excesiva de la aplicación de la ley de inmigración, que podría tener efectos perjudiciales en la relación entre las fuerzas armadas y la población civil, además de socavar los derechos humanos de quienes intentan ingresar al país en busca de una vida mejor.
Un debate nacional sobre la seguridad y los Derechos Humanos
El uso de tropas activas para ejecutar políticas migratorias no solo refleja una intensificación en la lucha contra la inmigración ilegal, sino que también plantea preguntas difíciles sobre los límites del poder ejecutivo y el respeto a los derechos humanos en un momento de creciente polarización política. La medida es vista por algunos como una respuesta necesaria a una crisis percibida en la frontera, mientras que otros la ven como un abuso de poder que podría generar más divisiones en la sociedad estadounidense.
Con el futuro de las políticas migratorias bajo esta administración aún incierto, el despliegue militar en la frontera sur de Estados Unidos será, sin duda, un tema de debate continuo tanto a nivel nacional como internacional.
Crédito fotográfico: NBC News