THE LATIN VOX (24 de enero del 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz.
Ayer, un juez federal en Seattle emitió una orden de restricción temporal que impide al gobierno de Donald Trump implementar su polémica orden ejecutiva para restringir el derecho a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. Este fallo se produjo tras la intervención de cuatro estados liderados por demócratas que habían impugnado la medida, acusándola de ser «abiertamente inconstitucional».
La orden ejecutiva, firmada por el presidente republicano el 19 de enero, pretendía eliminar la ciudadanía automática para los niños nacidos en el país si sus padres no eran ciudadanos estadounidenses ni residentes permanentes legales. Según el gobierno de Trump, esta medida es parte de sus esfuerzos para reformar el sistema migratorio y abordar la crisis en la frontera sur de EE.UU.
El juez John Coughenour, nombrado por el expresidente republicano Ronald Reagan, calificó la acción de Trump como una violación directa de la Constitución, específicamente del 14° enmienda, que garantiza que todas las personas nacidas en territorio estadounidense sean consideradas ciudadanas.
Este principio ha sido respaldado por la Corte Suprema desde 1898, cuando dictó la histórica sentencia en el caso United States v Wong Kim Ark, que estableció que los hijos de padres no ciudadanos, pero residentes permanentes legales, tienen derecho a la ciudadanía.
La decisión de Coughenour llega en medio de un torrente de demandas presentadas por grupos de derechos civiles y fiscales generales de 22 estados, que argumentan que la medida de Trump contraviene más de un siglo de jurisprudencia constitucional.
Según el fiscal general adjunto de Washington, Lane Polozola, la orden de Trump afectaría a más de 150,000 recién nacidos anualmente, privándolos de su derecho a la ciudadanía y de beneficios sociales como la seguridad social, además de dificultar su futuro acceso al mercado laboral de manera legal.
La administración Trump, sin embargo, defiende la medida, argumentando que es necesaria para frenar el abuso de las leyes de inmigración y el llamado «turismo de nacimiento». El Departamento de Justicia, en su defensa, sostiene que la interpretación de la 14° enmienda nunca ha sido universal y que la ciudadanía por nacimiento no se extiende a los hijos de personas que no sean residentes legales o ciudadanos.
Sin embargo, este argumento ha sido rechazado por los opositores, que afirman que la constitución no hace distinción entre ciudadanos y no ciudadanos en cuanto a la ciudadanía por nacimiento.
Este debate se intensifica en un contexto político polarizado, en el que más de 30 aliados republicanos de Trump en la Cámara de Representantes han introducido legislación para restringir aún más el derecho a la ciudadanía automática, limitándolo solo a los hijos de ciudadanos o residentes permanentes legales.
El futuro de la orden ejecutiva y su impacto en el sistema migratorio de EE.UU. dependerá de la evolución de los litigios en curso, pero el fallo de ayer ha subrayado la resistencia legal y política a lo que muchos consideran un intento de cambiar una de las piedras angulares de la Constitución estadounidense.
Mientras tanto, el debate sobre la ciudadanía por nacimiento continúa siendo un tema crucial en la agenda política de los EE.UU., con repercusiones que podrían ir más allá de los próximos meses, afectando a las generaciones futuras de ciudadanos y residentes del país.
Crédito fotográfico: Lindsey Wasson/AP Photo