THE LATIN VOX (16 de agosto del 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz
La Casa Blanca y las autoridades del Distrito de Columbia alcanzaron un acuerdo de último momento para limitar el intento de la administración Trump de tomar el control del Departamento de Policía Metropolitana de Washington (MPD), en medio de una batalla legal y política que ha encendido alarmas sobre los límites de la autoridad federal en la capital estadounidense.
El pacto, anunciado el viernes por la noche, garantiza que la jefatura de la policía capitalina permanecerá bajo el mando de Pamela Smith, y no en manos de Terry Cole, alto funcionario de la Administración de Control de Drogas (DEA), como había ordenado inicialmente la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi. Cole será considerado solo “designado” para coordinar con la alcaldía en caso de que se requiera apoyo federal.
Una “toma hostil” frenada en tribunales
La disputa se originó cuando Bondi firmó una orden el jueves pasado para imponer a Cole como nuevo comisionado de emergencia de la policía de Washington, en lo que las autoridades locales calificaron como una “toma hostil” del cuerpo policial.
Horas después, el fiscal general del Distrito, Brian Schwalb, presentó una demanda alegando que la Casa Blanca había sobrepasado los límites legales del Home Rule Act, que otorga al gobierno local autonomía en la gestión de sus instituciones. La jueza federal Ana C. Reyes se mostró escéptica durante las audiencias, cuestionando si la administración tenía alguna base legal para asumir el mando policial de la ciudad.
Inmigración y “ciudad santuario” en el centro del conflicto
El trasfondo de la confrontación está vinculado a las políticas de inmigración. Bondi había ordenado que la policía de Washington colaborara activamente con agencias federales como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo que contraviene el estatus de “ciudad santuario” del Distrito.
En su directiva, Bondi exigía que los agentes locales compartieran datos con las autoridades federales, incluso de personas no detenidas. Sin embargo, la ley capitalina prohíbe entregar información personal de inmigrantes en custodia o realizar arrestos basados únicamente en su estatus migratorio.
El alcalde de la ciudad, Muriel Bowser, rechazó de inmediato la medida, asegurando que “no existe estatuto que transfiera la autoridad del personal del Distrito a un funcionario federal”.
Un pulso sobre los límites del poder federal
El episodio refleja el pulso creciente entre el gobierno de Trump y ciudades gobernadas por demócratas, en las que la Casa Blanca ha intentado imponer un endurecimiento de políticas de seguridad y migración. Bondi incluso envió cartas a 32 alcaldes advirtiendo que podrían enfrentar acciones legales si mantenían políticas consideradas “anti-cooperación” con ICE.
Pese a los argumentos de crisis esgrimidos por Trump –quien recientemente desplegó tropas de la Guardia Nacional en la capital alegando un aumento de criminalidad y de campamentos de personas sin hogar–, estadísticas locales muestran que Washington, aunque enfrenta desafíos de seguridad y vivienda, registra tasas de homicidios menores a las de otras grandes ciudades del país.
Una tregua temporal
Por ahora, el acuerdo evita que el mando directo de la policía pase a manos federales y mantiene a Pamela Smith como jefa del MPD. Sin embargo, la Casa Blanca conserva la facultad de emplear agentes de la capital en “emergencias federales”, lo que deja abiertas dudas sobre futuros choques legales.
El caso se ha convertido en un nuevo capítulo de la tensión histórica entre la autonomía del Distrito de Columbia y la autoridad federal, en un año donde los debates sobre seguridad, inmigración y el alcance del poder presidencial han vuelto a polarizar la política estadounidense.
Crédito fotográfico: Politico