El Auditor General de Nueva Escocia, en un informe publicado el 24 de febrero de 2025, expresó serias preocupaciones sobre la legislación propuesta por el gobierno del primer ministro Tim Houston. Según el informe, las reformas legislativas impulsadas por la administración de Houston podrían debilitar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión gubernamental de la provincia.
Uno de los puntos clave del informe es que la nueva legislación otorga al ejecutivo poderes ampliados para tomar decisiones financieras sin una supervisión adecuada de la Asamblea Legislativa. Este cambio, según el Auditor General, podría permitir que el gobierno maneje fondos públicos sin los controles necesarios, aumentando el riesgo de decisiones poco transparentes o de un uso ineficiente de los recursos.
Otra de las preocupaciones expresadas en el documento es la posible reducción del acceso público a la información gubernamental. La legislación en cuestión modificaría ciertas disposiciones que rigen la divulgación de datos administrativos, lo que, en la práctica, podría dificultar que ciudadanos, periodistas y legisladores accedan a información clave sobre el funcionamiento del gobierno. Este retroceso en los esfuerzos por garantizar un gobierno abierto ha generado críticas de diversos sectores, incluidos defensores de la transparencia y miembros de la oposición.
Ante estas acusaciones, el primer ministro Tim Houston ha defendido las reformas propuestas, argumentando que los cambios buscan agilizar los procesos gubernamentales y permitir una respuesta más eficiente a las necesidades de la población. Houston sostiene que la estructura actual impone demasiadas restricciones burocráticas que dificultan la toma de decisiones y el despliegue de programas gubernamentales.
Sin embargo, líderes de la oposición y organizaciones de vigilancia ciudadana han expresado su preocupación de que la eliminación de ciertos mecanismos de control pueda derivar en un exceso de poder del ejecutivo. Algunos críticos advierten que, sin una supervisión adecuada, se podría abrir la puerta a decisiones arbitrarias o incluso al uso indebido de recursos públicos sin que haya consecuencias claras.
El informe del Auditor General recomienda que el gobierno reevalúe ciertos aspectos de la legislación antes de proceder con su implementación. También sugiere que se establezcan salvaguardas adicionales para garantizar que la rendición de cuentas y la transparencia no se vean comprometidas en el proceso.
La polémica en torno a esta legislación refleja un debate más amplio sobre el equilibrio entre eficiencia gubernamental y control democrático. Mientras el gobierno de Houston insiste en la necesidad de reformas para mejorar la gestión pública, el Auditor General y otros actores políticos subrayan la importancia de mantener mecanismos sólidos de supervisión y acceso a la información para proteger la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.