El Congreso de Panamá revoca la anulación de un polémico contrato minero con una empresa canadiense

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El Congreso de Panamá ha dado marcha atrás en su decisión de anular un contrato minero con una empresa canadiense, tras las protestas de los trabajadores y las advertencias del gobierno sobre las consecuencias legales y económicas. El contrato, firmado en 1997, otorga a la empresa Minera Petaquilla los derechos de explotación de oro y cobre en una zona del norte del país, cerca de la frontera con Costa Rica.

El contrato ha sido objeto de controversia desde hace años, debido a las denuncias de violaciones ambientales, laborales y sociales por parte de la empresa minera. Además, el contrato establece que la empresa no tiene que pagar impuestos ni regalías al Estado panameño, lo que supone una pérdida de ingresos para el país. Según un informe de la Contraloría General de la República, la empresa adeuda más de 100 millones de dólares en impuestos y multas.

El pasado 13 de octubre, el Congreso aprobó por unanimidad una ley que declaraba nulo el contrato minero, argumentando que era lesivo para los intereses nacionales y que violaba la Constitución. Sin embargo, el 19 de octubre, el Congreso revocó su propia ley, tras recibir una carta del presidente Laurentino Cortizo, en la que les instaba a reconsiderar su decisión.

En la carta, el presidente señalaba que la anulación del contrato podría generar demandas internacionales contra Panamá, así como afectar a la inversión extranjera y al empleo en el sector minero. El presidente también afirmaba que el gobierno estaba negociando con la empresa para modificar el contrato y obtener mejores condiciones para el país.

La revocación de la ley ha provocado la indignación de diversos sectores sociales, como ambientalistas, indígenas y campesinos, que se oponen al proyecto minero por sus impactos negativos en el medio ambiente y en las comunidades locales. Estos grupos han anunciado que seguirán luchando para impedir la explotación minera en la zona. Por su parte, los trabajadores de la empresa han celebrado la decisión del Congreso, ya que temían perder sus puestos de trabajo si se cancelaba el contrato.


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