El gobierno canadiense ha otorgado un contrato de 4,5 millones de dólares al bufete de abogados Osler, Hoskin & Harcourt LLP para que realice una investigación independiente sobre la posible injerencia extranjera en las elecciones federales de 2019. El contrato fue adjudicado el pasado 30 de agosto y tiene una duración de dos años.
La investigación está dirigida por el ex gobernador general David Johnston, quien fue nombrado por el primer ministro Justin Trudeau en julio como comisionado especial para examinar las acusaciones de que actores extranjeros intentaron influir en el resultado de los comicios. Johnston tiene la tarea de revisar los informes de inteligencia y seguridad, entrevistar a testigos y recopilar pruebas.
Según el contrato, el bufete de abogados proporcionará a Johnston asesoramiento legal, apoyo administrativo y logístico, y asistencia en la redacción del informe final. El informe deberá presentarse al primer ministro y al ministro de Asuntos Democráticos antes del 31 de diciembre de 2023.
El gobierno ha dicho que la investigación es necesaria para proteger la integridad del sistema democrático canadiense y prevenir futuros intentos de interferencia por parte de países hostiles. Sin embargo, algunos críticos han cuestionado la transparencia y la independencia del proceso, así como el elevado costo del contrato.