El ministro de Justicia de Canadá, David Lametti, defendió el martes el proyecto de ley del gobierno liberal sobre la reforma de la libertad provisional, que pretende reducir el número de personas detenidas sin juicio y mejorar la seguridad pública. Sin embargo, Lametti admitió que no podía decir cómo se mediría el éxito del proyecto de ley ni cuánto tiempo se tardaría en implementarlo.
El proyecto de ley C-5, presentado en junio, propone modificar el Código Penal y la Ley de Identificación Criminal para establecer un marco legal que garantice que las personas acusadas de delitos no violentos puedan acceder a la libertad provisional con mayor facilidad y rapidez. El proyecto de ley también busca asegurar que las personas indígenas, negras y racializadas reciban un trato justo y equitativo en el sistema de justicia penal.
El proyecto de ley responde a las recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que instó al gobierno a abordar el problema del encarcelamiento masivo y desproporcionado de los pueblos indígenas. Según las estadísticas oficiales, los indígenas representan el 5% de la población canadiense, pero el 30% de los presos federales. El proyecto de ley también se inspira en las experiencias exitosas de otros países, como Escocia y Nueva Zelanda, que han adoptado medidas similares para reformar su sistema de libertad provisional.
Lametti dijo que el proyecto de ley era una “prioridad” para su gobierno y que tenía el apoyo de varios grupos e individuos, como los abogados defensores, los fiscales, los jueces, los expertos académicos y los líderes indígenas. Dijo que el proyecto de ley beneficiaría tanto a los acusados como a la sociedad en general, ya que reduciría la congestión judicial, los costes carcelarios y el riesgo de reincidencia.
Sin embargo, Lametti no pudo dar detalles sobre cómo se evaluaría el impacto del proyecto de ley ni cuándo entraría en vigor. Dijo que el gobierno estaba trabajando con las provincias y los territorios, que son responsables de administrar la libertad provisional, para desarrollar indicadores y plazos. Dijo que esperaba que el proyecto de ley fuera aprobado por el Parlamento lo antes posible, pero reconoció que podría enfrentarse a obstáculos y retrasos.
El proyecto de ley ha sido criticado por algunos sectores, como los partidos de la oposición y las asociaciones policiales, que lo consideran una medida “blanda” e “irresponsable” que pondría en peligro la seguridad pública y la confianza en el sistema judicial. Estos críticos argumentan que el proyecto de ley podría permitir que personas peligrosas o reincidentes salgan en libertad sin supervisión ni condiciones adecuadas.
Lametti rechazó estas críticas y dijo que el proyecto de ley no afectaría a las personas acusadas de delitos graves o violentos, ni a las personas que representen un riesgo para la sociedad o para sí mismas. Dijo que el proyecto de ley respetaría la independencia judicial y la discreción fiscal, y que se basaría en criterios objetivos y evidencia empírica. Dijo que el proyecto de ley era una forma de “modernizar” y “humanizar” el sistema de justicia penal canadiense.