El parlamento de Georgia ha aprobado una controvertida ley que requiere que las organizaciones que reciben más del 20% de su financiación del extranjero se registren como “agentes extranjeros”. La medida ha provocado intensas protestas y enfrentamientos dentro del propio parlamento, donde se han visto escenas de violencia entre los legisladores.
La ley ha sido criticada por temores de que pueda alejar al país de la Unión Europea y se considera que está influenciada por legislaciones similares en Rusia, que han sido utilizadas para reprimir a opositores políticos del Kremlin. Los críticos sostienen que la ley representa una amenaza para las libertades democráticas y las aspiraciones de Georgia de unirse a la Unión Europea.
A pesar de las advertencias de la Unión Europea, que otorgó a Georgia el estatus de candidato en diciembre, y las críticas de que la ley es incompatible con los valores europeos, el partido gobernante Georgian Dream ha insistido en que la ley es necesaria para promover la transparencia y combatir los “valores pseudo-liberales” promovidos por extranjeros. La presidenta Salome Zourabichvili ha indicado que vetará la ley, aunque el parlamento puede anular su veto.
Las manifestaciones contra la ley han reunido a miles de personas frente al edificio del parlamento, que se asemeja a una fortaleza, y han continuado durante semanas, alcanzando su punto máximo por las noches con multitudes que han protagonizado algunas de las mayores protestas vistas en Georgia desde que recuperó su independencia de Moscú en 1991.