THE LATIN VOX (14 de octubre del 2025).- Por Daniela Medina.
David Eby, primer ministro de la Columbia Británica (British Columbia, BC), lanzó una seria advertencia al gobierno federal de Canadá y a la provincia de Alberta: levantar la prohibición de tráfico de petroleros frente a la costa norte de BC, para permitir un hipotético oleoducto desde Alberta, pondría en riesgo decenas de miles de millones de dólares en inversiones auténticas y ya comprometidas, que dependen del respaldo de las comunidades costeras indígenas.
¿De qué va todo esto?
La prohibición vigente y su alcance
Desde junio de 2019, se aplica en BC una ley conocida como Oil Tanker Moratorium Act que impide que petroleros con más de 12.500 toneladas métricas de crudo o combustibles persistentes hagan escalas, carguen o descarguen petróleo en puertos o instalaciones marítimas de la costa norte de BC y en Haida Gwaii.
Esta prohibición busca preservar los ecosistemas marinos, la pesca costera, las vidas y modos de vida indígenas y el turismo ambiental, al evitar el riesgo de derrames y contaminación en una zona particularmente sensible. También forma parte del marco de aceptación social (social licence) exigido por las comunidades indígenas costeras para respaldar otros grandes proyectos de minería, energía y desarrollo.
La propuesta de Alberta y las críticas de Eby
La provincia de Alberta, liderada por la Primera Ministra Danielle Smith, ha planteado la idea de levantar la prohibición de petroleros como parte de su propuesta para construir un oleoducto de petróleo hacia la costa. Smith pretende incluir esta propuesta ante la Oficina de Grandes Proyectos (Major Projects Office) del Gobierno federal hacia la primavera del año siguiente.
Sin embargo, Eby considera que este oleoducto es más una promesa política que un proyecto concreto. En sus palabras, la propuesta “no tiene promotor”, no cuenta con respaldo financiero ni una ruta definida. Por eso lo califica como una política divisoria (“wedge politics”), motivada por intereses políticos de Smith, más que por una viabilidad técnica o ambiental ya establecida.
¿Qué está en juego? Las inversiones reales que podrían perderse
Según Eby, levantar la prohibición pondría en riesgo el respaldo de las comunidades indígenas costeras (First Nations) hacia otros desarrollos económicos cuya ejecución ya depende de su consentimiento. Estos proyectos incluyen minas, industrias energéticas y otras inversiones de infraestructura con un valor estimado de hasta 60.000 millones de dólares canadienses en capital invertido.
Eby advierte que sin el apoyo indígena, estos proyectos no tendrían la aceptación social necesaria y probablemente enfrentarían bloqueos legales, protestas, retrasos o cancelaciones. La llamada “licencia social” es una condición cada vez más central para cualquier gran proyecto extractivo o energético en regiones habitadas por pueblos indígenas.
Reacción del gobierno federal y factores que pesan
- Eby ha solicitado al gobierno federal que reafirme su apoyo a la prohibición de petroleros frente a la costa oeste. Esto ocurre después de observaciones del Primer Ministro federal Mark Carney, quien declaró que la posibilidad de levantar la prohibición dependería de varios factores.
- Por su parte, el Ministro federal de Energía, Tim Hodgson, ha dicho que las preguntas sobre levantar la prohibición son “hipotéticas”.
Estas declaraciones muestran que el asunto genera un delicado equilibrio federal-provincial, con tensión entre las provincias productoras de petróleo (como Alberta) que buscan nuevas rutas de exportación, y la preocupación ecológica, ambiental y social de BC y sus comunidades indígenas.
Perspectiva indígena y ambiental
Las comunidades costeras indígenas —First Nations— han sido muy claras en su postura: para estos pueblos, mantener la prohibición es fundamental, no solo por protección ambiental sino como base para nuevos proyectos económicos. Marilyn Slett, jefa de Heiltsuk Tribal Council y presidenta de Coastal First Nations-Great Bear Initiative, señaló que la prohibición de petroleros es “fundacional para construir nuestra economía y proteger nuestras aguas costeras”.
Además, el argumento de Eby incluye que muchas de las futuras inversiones dependen de que las comunidades indígenas costeras sigan apoyando los desarrollos mineros, energéticos u otros que tienen implicaciones ambientales marinas. Si se pierde ese apoyo, esos otros proyectos podrían verse paralizados o anulados.
Análisis de riesgos y de estrategia política
Riesgos de levantar la prohibición
- Ambientales: un derrame o contaminación marina podría ocasionar daños irreversibles en ecosistemas sensibles, afectar pescas comunitarias, turismo, biodiversidad en la costa norte.
- Sociales: ruptura de relaciones de confianza con pueblos indígenas, posible movilización, litigios, protestas.
- Económicos: pérdidas millonarias si proyectos consolidados se cancelan por falta de licencia social, problemas regulatorios o fallas en la aceptación local.
- Políticos: dividir opiniones, generar críticas tanto dentro como fuera de la provincia; costo de oportunidad si se apuesta por rutas petroleras mientras se descuidan energías limpias u otros sectores económicos.
Estrategia de Eby
- Mantener la prohibición como parte central de la estrategia política de BC para negociar con Ottawa y para asegurar que los intereses costeros e indígenas sean respetados.
- Cuestionar públicamente la propuesta de Alberta, subrayando su falta de concreción, respaldo financiero y ruta definida.
- Apelar a la evidencia de que el beneficio neto de levantar la prohibición podría ser superado por los costos en inversiones “reales” ya comprometidas.
Contexto más amplio: energía, cambio climático y política regional
- Canadá enfrenta tensiones entre sus objetivos climáticos y las presiones productivas de las provincias que dependen del petróleo como Alberta.
- Áreas como BC buscan diversificar sus economías, atraer inversiones sostenibles, proteger recursos naturales y responder al cambio climático, mientras Alberta busca acceso a puertos y mercados que le permitan exportar sus recursos petrolíferos.
- Este debate también tiene resonancia internacional: inversiones, tratados sobre cambio climático, demanda de combustibles fósiles y presiones globales para transición energética pueden afectar lo que ciertas provincias consideren viable o deseable.
La disputa entre David Eby y Danielle Smith sobre la provincia de BC y la intención de Alberta de levantar la prohibición de petroleros no es solo una pugna política entre provincias sino un conflicto que pone en tensión la protección ambiental, los derechos indígenas, la coherencia económica, la estrategia energética nacional y la credibilidad en compromisos sostenibles.
Eby plantea que preservar la prohibición es esencial para el desarrollo responsable que ya está en marcha proyectos con respaldo real y documentación avanzada y que levantarla por una idea aún no materializada el oleoducto de Alberta hasta la costa podría resultar en la pérdida de lo que ya se ha ganado.
El futuro inmediato solicitará definiciones claras: ¿qué postura asumirá el gobierno federal finalmente? ¿Cómo responderán las comunidades indígenas? ¿Se demostrará que el proyecto de oleoducto tiene respaldo técnico, financiero y social suficiente para justificar levantar la prohibición, o será descartado frente a los costos reales?
Fuente: www.ctvnews.ca
Foto: Google fotos