El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha presentado un proyecto de ley que podría poner en peligro la libertad de prensa y la seguridad de los canadienses. Se trata del proyecto de ley C-18, que busca modificar la Ley de Radiodifusión para regular los servicios digitales como Facebook, Google y Netflix.
Según Trudeau, el objetivo del proyecto de ley es proteger la cultura y el contenido canadienses, y hacer que las plataformas digitales paguen por el uso de los medios locales. Sin embargo, según algunos expertos y periodistas, el proyecto de ley tiene graves defectos que podrían afectar negativamente al periodismo independiente y a la democracia.
Uno de los problemas del proyecto de ley es que otorga demasiado poder al Consejo de Radiodifusión y Telecomunicaciones Canadiense (CRTC), el organismo regulador del sector. El CRTC tendría la facultad de imponer multas, censurar contenidos, exigir licencias y controlar los algoritmos de las plataformas digitales. Esto podría limitar la libertad de expresión y la diversidad de opiniones en el espacio público.
Otro problema del proyecto de ley es que favorece a los grandes medios corporativos en detrimento de los pequeños medios locales e independientes. El proyecto de ley obligaría a las plataformas digitales a pagar a los medios por el uso de sus contenidos, pero no especifica cómo se distribuiría ese dinero. Los medios locales podrían quedar excluidos o recibir una parte insignificante de los ingresos generados por sus propias noticias.
Esto podría tener consecuencias negativas para la calidad de la información y la seguridad de los ciudadanos. Los medios locales cumplen una función vital para informar sobre lo que ocurre en las comunidades, denunciar los abusos de poder, fiscalizar a las autoridades y alertar sobre posibles amenazas. Sin un apoyo adecuado, los medios locales podrían desaparecer o reducir su capacidad de investigación y reportaje.
Por estas razones, varios expertos y periodistas han pedido al gobierno que retire o modifique el proyecto de ley C-18. Consideran que el proyecto de ley es una amenaza para la libertad de prensa, la democracia y la seguridad en Canadá.