THE LATIN VOX (12 de septiembre de 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz.
El gobierno canadiense ha decidido dar un fuerte impulso a uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de la última década: la expansión del Puerto de Montreal.
El primer ministro Mark Carney anunció que el plan —incluido entre los cinco proyectos prioritarios que serán gestionados por la nueva Oficina de Grandes Proyectos (Major Projects Office, MPO)— permitirá diversificar el comercio, abrir nuevos mercados y abaratar costos para las empresas nacionales.
El proyecto, que se encuentra en etapa de diseño desde hace más de diez años, busca aumentar en un 60% la capacidad de manipulación de contenedores del puerto, añadiendo espacio para 1,15 millones de unidades.
Para ello, se construirá una nueva terminal en Contrecœur, a 36 kilómetros de Montreal, junto con patios ferroviarios y otras instalaciones clave. Según la Autoridad Portuaria de Montreal (MPA), los trabajos podrían comenzar a finales de este mes, a la espera de un último permiso del Ministerio de Pesca y Océanos.
“Con un proyecto de esta magnitud, necesitamos la facilitación que ofrecerá la Oficina de Grandes Proyectos para garantizar que esté operativo en 2030”, explicó Julien Baudry, portavoz de la MPA.
Un atajo político con alto costo ambiental
El nuevo marco legal, nacido de la Ley de Una Economía Canadiense (C-5) aprobada en verano, concede al gabinete federal la posibilidad de declarar ciertas obras de interés nacional y, en consecuencia, eximirlas de regulaciones, incluidas algunas ambientales.
Ese poder excepcional encendió las alarmas de organizaciones civiles. Apenas horas después del anuncio, el Centre québécois du droit de l’environnement presentó una demanda ante el Tribunal Superior de Quebec cuestionando la constitucionalidad de la ley.
La expansión afecta hábitats de dos especies en peligro —el pez chevalier cuivré (copper redhorse) y la rana coro occidental— protegidas por la Ley de Especies en Riesgo. Aunque una evaluación ambiental federal de 2021 concluyó que el impacto no sería “significativamente adverso”, impuso más de 150 condiciones que la MPA deberá cumplir.
Vecinos en pie de guerra
Más allá de las preocupaciones ambientales, los residentes de Contrecœur temen que el proyecto transforme radicalmente la vida en la ribera sur del río San Lorenzo.
“Vamos a vivir en una enorme zona industrial, equivalente al 55% del Puerto de Montreal”, advirtió Hélène Reeves, portavoz del colectivo Vigie citoyenne Port de Contrecœur. “Nadie nos preguntó si queríamos esto. Habrá más camiones, más trenes, más ruido. Y el río sigue sin evaluaciones integrales sobre su salud ecológica”.
La oposición ciudadana también coincide con las preocupaciones expresadas por el Consejo Mohawk de Kahnawà:ke, que impulsó una evaluación regional del San Lorenzo en 2024.
Comercio versus legitimidad social
Mientras tanto, el gobierno defiende el proyecto como estratégico para el crecimiento económico. “El Puerto de Montreal es una pieza clave de nuestra integración comercial. Queremos que este proyecto avance con rapidez, pero sin reducir los estándares ambientales que los canadienses esperan”, aseguró Dominic LeBlanc, ministro de Economía canadiense.
Con la construcción prevista para este otoño y un clima social dividido, la expansión del puerto promete convertirse en una prueba de fuego para el nuevo marco legal de Carney: ¿puede Canadá acelerar proyectos de interés nacional sin sacrificar legitimidad democrática ni comprometer la protección ambiental?
Fuente: CBC News
Crédito fotográfico: Railway Age