THE LATIN VOX (5 de julio del 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz.
Ayer, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, negó categóricamente las denuncias de tortura, privación de sueño y malnutrición que presentó el equipo legal del salvadoreño Kilmar Ábrego García, quien fue erróneamente extraditado desde Estados Unidos a El Salvador en marzo, antes de ser devuelto en junio para enfrentar cargos por presunto tráfico de personas.
A través de redes sociales, Bukele aseguró: “No fue torturado, ni perdió peso”. El mandatario acompañó su afirmación con fotos y un video de Ábrego García en una celda, aparentemente en buen estado físico. “Si hubiera sido torturado, privado de sueño y hambriento, ¿por qué se ve tan bien en cada foto?”, cuestionó.
Sin embargo, sus declaraciones contradicen frontalmente el relato del detenido y sus abogados, quienes aseguran que Ábrego García fue víctima de golpizas severas, exposición constante a luces brillantes, privación de sueño, celdas sin colchones ni ventilación y acceso mínimo a instalaciones sanitarias durante su estadía en el polémico Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), conocido internacionalmente por sus duras condiciones.
Fotografía política o montaje propagandístico
Los abogados afirman que Ábrego García perdió 14 kilos en sus primeras dos semanas detenido. Además, aseguran que en una ocasión fue trasladado junto con otros reclusos a una parte distinta del penal, donde fueron fotografiados con colchones y comida en mejores condiciones. “Las fotos parecen haber sido montadas para dar la apariencia de condiciones humanitarias mejoradas”, alegaron.
Bukele, por su parte, no precisó en qué parte del penal fueron tomadas las imágenes que difundió, lo que ha alimentado aún más la controversia sobre su autenticidad.
Un acuerdo millonario en medio del escándalo
La controversia se produce mientras El Salvador y EE. UU. implementan un acuerdo mediante el cual Washington pagará unos 6 millones de dólares para que El Salvador encarcele durante un año a personas identificadas como miembros de las pandillas MS-13 y Tren de Aragua.
Según el senador de Maryland Chris Van Hollen, quien viajó personalmente a El Salvador para visitar a Ábrego García, la administración de Trump tiene previsto aumentar el financiamiento a 15 millones de dólares para mantener el programa, que ha sido fuertemente criticado por organismos de derechos humanos.
Una “condena mediática” desde Washington
En paralelo, la jueza federal Waverly Crenshaw en Tennessee ordenó a todas las partes dejar de hacer declaraciones públicas sobre el caso, después de que los abogados de Ábrego García acusaran al gobierno estadounidense de llevar a cabo un “juicio por los medios”.
Según los abogados, funcionarios del gobierno —incluyendo la vicepresidenta JD Vance, la fiscal general Pam Bondi, y la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem— han hecho al menos 20 declaraciones públicas calificando a Ábrego García como “terrorista”, “monstruo”, “pandillero convicto” y “bárbaro”, sin que ninguna de esas acusaciones forme parte de los cargos oficiales.
“Estas afirmaciones fueron hechas sin respetar el debido proceso ni la presunción de inocencia”, indicaron los documentos judiciales. Incluso, señalaron que funcionarios penitenciarios salvadoreños confirmaron que sus tatuajes no eran de afiliación pandillera y que fue mantenido en una celda separada de los presos con vínculos conocidos a pandillas.
Riesgo de nueva deportación
Como medida cautelar, el equipo legal de Ábrego García solicitó esta semana postergar su liberación del centro de detención en Tennessee, ante el temor de que la administración Trump intente deportarlo nuevamente, pese a que aún enfrenta un proceso judicial en EE. UU. por tráfico de personas.
El Departamento de Justicia ha dicho que planea enjuiciarlo, pero también ha sugerido su intención de deportarlo, sin ofrecer detalles concretos sobre los tiempos.
Lo que comenzó como un aparente error burocrático ha escalado a una tormenta legal, diplomática y política.
El caso de Kilmar Ábrego García no solo pone en tela de juicio las condiciones carcelarias en El Salvador, sino también los límites del poder ejecutivo en Estados Unidos para definir quién merece justicia y quién es etiquetado —sin juicio— como enemigo público.
Crédito fotográfico: Jose Luis Magana/AP