THE LATIN VOX (1 de enero del 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz.
El Salvador, conocido mundialmente por haber sido el primer país en prohibir la minería metálica en 2017, ha dado un giro significativo en su política ambiental. En una controvertida decisión, el presidente Nayib Bukele impulsó la derogación de esta histórica ley el 23 de diciembre de 2024, permitiendo nuevamente la minería metálica en el país.
Esta medida ha generado un fuerte rechazo entre los defensores del medio ambiente, quienes temen que la explotación minera reabra las cicatrices dejadas por décadas de contaminación en los ríos salvadoreños.
Vidalina Morales, una de las figuras más emblemáticas de la resistencia ambientalista en El Salvador, recuerda claramente el momento en que descubrió la magnitud de la contaminación de los ríos en su comunidad. En 2004, el río San Sebastián, cerca de su hogar, se tiñó de un tóxico color rojo debido a los vertidos provenientes de las minas cercanas. «Quedé impactada por la magnitud de la destrucción del medio ambiente», relata Morales, quien desde entonces se ha dedicado a luchar contra los proyectos mineros en el país.
La reactivación de la minería en El Salvador, promovida por Bukele bajo el argumento de fomentar el crecimiento económico, pone en riesgo los logros alcanzados con la ley de 2017, que fue respaldada por el 80% de la población y convirtió al país en un referente global en la lucha contra la minería destructiva.
Sin embargo, la presión de los poderosos intereses mineros, tanto nacionales como internacionales, ha sido constante. Bukele ha expresado públicamente su desacuerdo con la política de prohibición, calificándola de «absurda» y asegurando que la riqueza del país podría ser aprovechada «de manera responsable» para traer un desarrollo económico sin precedentes.
Los peligros invisibles: contaminación por metales pesados
Los ambientalistas advierten que la minería metálica, en particular la extracción de oro, trae consigo graves consecuencias para la salud pública y el medio ambiente. Los contaminantes, como el arsénico, liberados en el proceso de minería, pueden tener efectos devastadores.
Cidia Cortés, bióloga ambiental, señala que en el río San Sebastián, los niveles de arsénico son 300 veces superiores a los estándares internacionales de seguridad, lo que convierte el agua en una sustancia tóxica que contamina el aire, el suelo y, por supuesto, el agua potable.
Para El Salvador, un país pequeño y densamente poblado, la contaminación del agua es una cuestión de vida o muerte. El río Lempa, fuente vital de agua potable para el área metropolitana de San Salvador, podría estar en grave peligro si la minería se reestablece en sus alrededores. «Este río necesita cuidados intensivos para sobrevivir», señala Cortés, preocupada por el impacto acumulativo de la minería, la agroquímica y las plantas hidroeléctricas que ya afectan su caudal.
Luis González, director de la Unidad Ecológica Salvadoreña, agrega que la minería traería consecuencias devastadoras para los ecosistemas acuáticos y para las comunidades locales, que ya sufren los efectos de la contaminación. «Las personas que ya reciben agua contaminada verán empeorar la calidad del agua, y los metales pesados afectarán tanto a los cultivos como a la salud de las personas», advierte González.
La lucha por la justicia ambiental
La reapertura de la minería no solo ha generado preocupaciones sobre la salud y el medio ambiente, sino también sobre la posible reactivación de demandas internacionales contra el gobierno salvadoreño por parte de las corporaciones mineras.
El país ya enfrentó juicios en 2009 por parte de empresas mineras como Commerce Group Corp y Pacific Rim, que intentaron revertir la prohibición. Luis Parada, quien lideró la defensa legal del gobierno en esos casos, teme que la derogación de la ley pueda abrir la puerta a nuevas demandas y a una nueva lucha legal que podría durar años.
A pesar de las amenazas legales y el control del poder judicial por parte de Bukele, los activistas ambientales están decididos a seguir luchando. Morales asegura que aunque la situación se ha complicado, la resistencia es más fuerte que nunca. «Aunque el gobierno controle el Congreso y el poder judicial, el pueblo aún sabe que la minería es mala para el país. Podemos unirnos para rechazar esta medida», afirma.
El temor de muchos es que, al igual que en el pasado, los intereses económicos prevalezcan sobre la salud de los ríos y la vida de las comunidades. Además de la preocupación por la salud pública, hay quienes temen que la creciente contaminación de los recursos naturales acelere la crisis migratoria en la región, obligando a muchos a abandonar sus hogares en busca de un lugar más seguro.
Un futuro incierto
A pesar de las advertencias de los ambientalistas, Bukele se mantiene firme en su posición. En un reciente mensaje en su cuenta de X, declaró que el país debe aprovechar su «riqueza dada por Dios» a través de la minería para generar el desarrollo económico necesario para mejorar la calidad de vida de los salvadoreños.
La controversia sobre la minería metálica pone a El Salvador en una encrucijada, entre la posibilidad de un desarrollo económico rápido y los peligros a largo plazo que la explotación minera podría traer para el medio ambiente y la salud pública. La batalla por los ríos del país continúa, y los ambientalistas aseguran que no se rendirán. “Esto es una lucha por el agua, el corazón de la industria minera”, concluye Andrés McKinley, investigador de la Universidad José Simeón Cañas.
A medida que el gobierno de Bukele sigue adelante con sus planes de minería, la respuesta de la ciudadanía y los movimientos ambientales será crucial para determinar si el país podrá evitar un desastre ecológico irreversible. Mientras tanto, el futuro de los ríos y la vida de las generaciones futuras penden de un hilo.
Crédito fotográfico: Collected/ Voice7 News