En una decisión que ha generado tanto apoyo como preocupación, el Senado de Estados Unidos ha votado a favor de la reautorización del programa de vigilancia conocido como la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA, por sus siglas en inglés). Esta ley permite a las agencias de inteligencia llevar a cabo vigilancia electrónica sin necesidad de una orden judicial, lo que ha suscitado críticas por parte de grupos defensores de las libertades civiles.
La votación, que concluyó con 60 votos a favor y 34 en contra, se llevó a cabo poco después de la medianoche, asegurando así la continuidad de una herramienta que sus partidarios consideran esencial para la recopilación de inteligencia extranjera de los Estados Unidos. Se espera que el presidente Joe Biden firme rápidamente el proyecto de ley para convertirlo en ley.
La Sección 702 de FISA, en particular, ha sido el centro de la controversia. Esta sección autoriza a las agencias de inteligencia a interceptar comunicaciones, incluyendo llamadas telefónicas y correos electrónicos, de no estadounidenses fuera del territorio de EE. UU. Esto incluye comunicaciones de ciudadanos estadounidenses con extranjeros que son objeto de vigilancia.
A pesar de las garantías de seguridad nacional, la reautorización de FISA ha atraído críticas de legisladores tanto republicanos como demócratas, quienes argumentan que viola el derecho constitucional a la privacidad de los estadounidenses. La revelación reciente de que el FBI utilizó este poder para buscar información sobre manifestantes de Black Lives Matter, donantes de campañas congresionales y legisladores estadounidenses ha intensificado las dudas sobre la integridad del programa.
El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, defendió la medida, afirmando que “permitir que FISA expire sería peligroso. Es una parte importante de nuestra seguridad nacional para detener actos de terrorismo, tráfico de drogas y extremismo violento”. Sin embargo, la batalla entre la comunidad de inteligencia de EE. UU. y una coalición inusual de defensores de las libertades civiles progresistas y conservadores, quienes argumentan que los poderes son demasiado amplios e infringen la privacidad de los estadounidenses, parece estar lejos de terminar.