THE LATIN VOX (19 de marzo del 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz.
En un giro sorprendente, un juez federal de Estados Unidos ha dictaminado que Elon Musk y su conocido «Departamento de Eficiencia del Gobierno» (DOGE) probablemente violaron la Constitución de EE.UU. al cerrar la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Esta decisión judicial representa un importante revés para los esfuerzos de la administración de Donald Trump de desmantelar agencias federales clave y dar forma a una visión más austera del gobierno federal.
El juez del Distrito de Maryland, Theodore Chuang, emitió una orden judicial que detuvo los intentos de despedir a los empleados y contratistas de USAID, obligando a la administración Trump a revertir algunas de las medidas que tomaron para desmantelar la agencia.
La orden también ordena la reinstalación de acceso a los correos electrónicos, sistemas de seguridad y pagos de los empleados despedidos de USAID. Además, el juez instó a la administración a permitir que USAID regrese a su sede cerrada en el edificio Ronald Reagan, en caso de que el litigio sobre el cierre de la agencia sea exitoso.
Un revés para los esfuerzos de desmantelamiento de USAID
La demanda, presentada por más de una veintena de exempleados de USAID en el tribunal de distrito federal de Maryland, se centra en el papel de Musk al supervisar la eliminación del sitio web de la agencia y el cierre de su sede.
En su fallo de 68 páginas, el juez Chuang destacó que Musk probablemente violó la cláusula de nombramientos de la Constitución, actuando con los poderes de un «funcionario de los Estados Unidos», un cargo que requiere confirmación del Senado.
Chuang argumentó que, si un presidente pudiera eludir la revisión de la cláusula de nombramientos al permitir que asesores fueran más allá de su papel tradicional, el principio constitucional se reduciría a una simple formalidad.
«Si un presidente pudiera eludir el escrutinio de la cláusula de nombramientos haciendo que los asesores fueran más allá de su función tradicional, la cláusula de nombramientos no sería más que una formalidad técnica», escribió el juez.
La administración Trump ha afirmado durante semanas que los movimientos para desmantelar USAID fueron implementados por los líderes de la agencia, como el secretario de Estado Marco Rubio y el administrador interino Pete Marocco, quienes supuestamente estaban siguiendo recomendaciones de Musk.
Sin embargo, Chuang rechazó esta afirmación en relación con el cierre de la sede de USAID y la eliminación de su sitio web, señalando que no se presentó evidencia de que los funcionarios de USAID hubieran autorizado formalmente esas acciones.
Confusión, caos y destrucción de registros
La orden judicial sigue seis semanas de caos sin precedentes en USAID, donde 5,200 de los 6,200 programas globales de la agencia fueron abruptamente cancelados, el personal fue excluido de las instalaciones y los sistemas, y los empleados recibieron instrucciones de destruir documentos clasificados utilizando trituradoras y «bolsas de incendio».
La fuerza laboral de USAID se redujo drásticamente de más de 10,000 empleados a solo 611, mientras que Rubio calificó los programas restantes como «listos para ser absorbidos» por el Departamento de Estado, lo que él consideró una «reforma histórica y necesaria».
El cierre de la sede de USAID se convirtió en el centro de la controversia cuando varios empleados informaron que oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) habían realizado visitas exhaustivas al edificio para tomar posesión de las instalaciones, mientras los empleados de la agencia permanecían fuera.
Más tarde, se informó que CBP había asumido oficialmente el control del espacio de oficinas y firmado un contrato de arrendamiento. La orden judicial exige que la administración confirme en un plazo de 14 días si USAID puede regresar a su sede, lo que sugiere que el espacio podría haber sido reasignado ya.
DOGE y la violación de la privacidad
El fallo también prohíbe a Doge, la entidad que Musk supervisa, la publicación de información personal de contratistas de USAID y detiene más acciones de desmantelamiento, incluidos despidos, cancelaciones de contratos y la eliminación permanente de registros electrónicos.
Esta medida podría tener serias implicaciones para Musk y los demás responsables de Doge, ya que un correo electrónico interno obtenido por el diario The Guardian reveló que el personal fue instruido para pasar el día destruyendo documentos clasificados «SECRETOS», lo que podría violar la Ley de Archivos Federales, que prohíbe destruir registros gubernamentales antes de su período de retención designado, que generalmente es de dos años.
Un escenario incierto para el futuro de USAID
El futuro de USAID es incierto, ya que la administración Trump enfrenta el desafío de revertir las decisiones tomadas en el intento de desmantelar la agencia. Este caso ha revelado la creciente polarización en torno a las acciones del gobierno federal y la influencia de actores privados como Elon Musk en las decisiones clave relacionadas con las agencias gubernamentales.
Mientras tanto, el destino de USAID, una de las principales agencias responsables de la ayuda internacional de EE.UU., sigue siendo un tema candente de debate y litigio.
Con la administración Trump preparada para apelar la decisión del juez Chuang, la batalla por el futuro de USAID está lejos de terminar, y el impacto de este fallo podría tener consecuencias de largo alcance para el funcionamiento del gobierno federal y la influencia de figuras fuera del ámbito político tradicional.
Crédito fotográfico: Getty Images