THE LATIN VOX (11 de marzo del 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz.
En un giro alarmante para la gestión de registros gubernamentales, se ha informado que los empleados de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAid) han comenzado una destrucción masiva de documentos clasificados en su sede del edificio Ronald Reagan en Washington D.C. El procedimiento incluye el uso de destructoras de papel y «bolsas de quema» marcadas como «SECRETO», según un correo electrónico interno al que tuvo acceso el diario The Guardian.
El correo electrónico, enviado por la secretaria interina de USAid, Erica Y. Carr, proporciona instrucciones detalladas a los empleados sobre cómo proceder con la destrucción de «archivos clasificados y documentos personales» mediante el uso de destructoras y «bolsas de quema».
En el mensaje, Carr instruye a los empleados a destruir primero tantos documentos como sea posible con la destructora, reservando las bolsas de quema para cuando la máquina no esté disponible o necesite un descanso. «Si necesitan más bolsas de quema o marcadores Sharpie, por favor avísenme a mí o al equipo de SEC InfoSec», escribió Carr.
Este procedimiento se lleva a cabo en medio de una creciente controversia sobre lo que muchos ven como un cierre gradual de USAid tras los esfuerzos de la administración Trump por reorganizar la agencia independiente bajo la llamada «Oficina de Eficiencia Gubernamental» (Doge).
Esta oficina está dirigida por Elon Musk, el hombre más rico del mundo, quien ha sido encargado de reducir el número de empleos en el gobierno federal y disminuir el gasto público.
La reestructuración y los recortes masivos que ha promovido Doge han golpeado fuertemente a agencias como USAid, lo que ha generado alarmas tanto entre los empleados de la agencia como en el sector de desarrollo internacional, que advierten sobre el impacto negativo que tendrá en las poblaciones más vulnerables del mundo.
¿Una destrucción ilegal de documentos?
El momento elegido para esta purga de documentos no es casual. En situaciones en las que las agencias federales son disueltas o reestructuradas, los registros de la agencia suelen transferirse a las agencias sucesoras o a la Administración Nacional de Archivos y Registros (NARA, por sus siglas en inglés), conforme a la Ley de Registros Federales (FRA, por sus siglas en inglés).
Sin embargo, en este caso, la destrucción masiva de documentos plantea dudas sobre si se está cumpliendo adecuadamente con la FRA, que prohíbe explícitamente la destrucción de registros gubernamentales antes de que se cumpla su período de retención designado, que por lo general es de al menos tres años.
Además, surge la preocupación de que esta destrucción esté eliminando de manera permanente pruebas necesarias para futuras solicitudes bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés) y posibles investigaciones de supervisión.
A pesar de las posibles implicaciones legales, la destrucción de estos documentos clasificados ocurre en un contexto de creciente tensión política y administrativa. El año pasado, la oficina del inspector general de USAid inició una investigación sobre el uso de los terminales Starlink de Musk en Ucrania, lo que agregó más presión sobre la agencia en medio de la reorganización liderada por Doge.
Además, miembros demócratas del Comité de Relaciones Exteriores del Senado enviaron una carta al secretario de Estado, Marco Rubio, en febrero, exigiendo respuestas sobre el acceso de Doge a los registros y las instalaciones de USAid, aunque no abordaron específicamente la destrucción de documentos.
¿Está USAid cumpliendo con los protocolos de gestión de registros?
Todavía no está claro si se están siguiendo los protocolos adecuados de gestión de registros durante este proceso de destrucción de documentos o si se están eliminando documentos que deberían ser preservados.
La falta de transparencia y la incertidumbre sobre las políticas de destrucción de documentos en USAid genera preocupación, ya que muchos temen que esta situación podría tener repercusiones graves en la integridad de los registros históricos y la rendición de cuentas del gobierno.
En medio de este caos administrativo, el Departamento de Estado de EE. UU. no ha respondido a una solicitud de comentarios sobre el asunto, lo que solo alimenta la especulación sobre el alcance y las motivaciones detrás de la purga de documentos clasificados en USAid.
El caso pone en evidencia la creciente polarización dentro del gobierno de los EE. UU. y la manera en que la reestructuración de agencias clave está alterando los procedimientos históricos de manejo de información, lo que podría tener consecuencias a largo plazo para la transparencia gubernamental y la supervisión pública.
A medida que continúan los esfuerzos de reducción y reorganización de las agencias federales bajo la supervisión de Musk, la pregunta clave permanece: ¿están los Estados Unidos sacrificando la integridad de sus instituciones gubernamentales y la transparencia en aras de la eficiencia administrativa?
Solo el tiempo dirá si esta destrucción masiva de documentos representa un paso hacia la modernización o una brecha irreversible en la rendición de cuentas y la gestión pública.
Crédito fotográfico: Kent Nishimura/Reuters