El gobierno canadiense ha promulgado una ley que modifica el registro nacional de delincuentes sexuales, en respuesta a una sentencia de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la inclusión automática de todos los condenados por delitos sexuales. La ley, que fue presentada por el representante del gobierno en el Senado, limita la inscripción obligatoria a los reincidentes y a los que cometan delitos sexuales graves contra menores.
La ley también amplía los delitos que se consideran de naturaleza sexual, como la difusión no consentida de imágenes íntimas y la extorsión, y exige a los delincuentes registrados que notifiquen con 14 días de antelación sus viajes al extranjero. Además, establece una serie de criterios para que los jueces puedan ordenar una inscripción de por vida en el registro a las personas que lo ameriten.
El ministro de Justicia, David Lametti, dijo que los cambios harán que el sistema de justicia penal sea más sensible a las diversas necesidades de las víctimas y los sobrevivientes. “Los delitos sexuales son una de las formas más atroces y degradantes de violencia. Tienen un impacto devastador en los sobrevivientes, que son desproporcionadamente mujeres y niñas”, afirmó.
El registro nacional de delincuentes sexuales se creó en 2004, pero el anterior gobierno conservador introdujo cambios en 2011 que eliminaron la discrecionalidad de los fiscales y los jueces sobre su uso, lo que implicaba que todos los que cumplieran los requisitos fueran registrados automáticamente. También creó una inscripción obligatoria de por vida para las personas condenadas por varios delitos sexuales en el marco del mismo proceso judicial.
En octubre del año pasado, la Corte Suprema anuló las inscripciones automáticas, al considerar que abarcaban a personas que no tenían un mayor riesgo de reincidir. El recurso fue presentado por un hombre que se declaró culpable en 2015 de agredir sexualmente a dos mujeres en una fiesta en 2011. Fue condenado a seis meses de cárcel, tres años de libertad condicional y a figurar de por vida en el registro de delincuentes sexuales.
La nueva ley también responde a una solicitud de larga data de los grupos de víctimas, al exigir a los jueces que pregunten a los fiscales si han solicitado la opinión de las víctimas al pedir una prohibición de publicación. Asimismo, obliga a los jueces a preguntar a las víctimas si quieren seguir recibiendo información sobre sus casos después de la sentencia, y a asegurarse de que sus deseos queden registrados en el expediente judicial.