La exdirectora ejecutiva de Alberta Health Services (AHS), Athana Mentzelopoulos, ha presentado una demanda por despido injustificado contra la agencia de salud y el gobierno de Alberta. En su reclamo, exige una compensación de 1.7 millones de dólares y alega que su despido fue una represalia por haber iniciado una auditoría forense y una investigación sobre contratos de salud que, según ella, estaban sobrevalorados y vinculados a funcionarios del gobierno.
Mentzelopoulos presentó su demanda en la corte el miércoles, en la que señala que la ministra de Salud de Alberta, Adriana LaGrange, se reunió con la junta directiva de AHS el pasado 7 de enero y exigió el despido de la directora. La junta se negó a cumplir con esta solicitud, pero al día siguiente Mentzelopoulos fue despedida vía Zoom por Andre Tremblay, un alto funcionario de salud provincial, quien posteriormente asumió el cargo de director ejecutivo interino.
La demanda también menciona que Tremblay ordenó a AHS cancelar una reunión con el auditor general de la provincia, programada para discutir la auditoría forense y la revisión interna iniciadas por Mentzelopoulos. Esto ha generado preocupación sobre una posible obstrucción a las investigaciones sobre la gestión de contratos en el sector de la salud pública.
Según la demanda, varios funcionarios del gobierno, incluido Marshall Smith, quien era jefe de gabinete de la primera ministra Danielle Smith en ese momento, presionaron repetidamente a Mentzelopoulos para que aprobara contratos y extensiones con clínicas privadas que ofrecen cirugías financiadas con fondos públicos. La exdirectora alega que estos acuerdos implicaban costos significativamente más altos en comparación con otros proveedores privados y con estimaciones internas de AHS.
Uno de los aspectos más alarmantes de la demanda es la revelación de un posible conflicto de interés dentro del departamento de adquisiciones de AHS. Mentzelopoulos afirma que un alto funcionario de esa división tenía una dirección de correo electrónico en noviembre de 2022 con una empresa que, un mes después, firmó un contrato de 70 millones de dólares para el suministro de medicamentos para el dolor infantil con AHS.
Estas acusaciones se suman a una creciente preocupación sobre la transparencia y la gestión de fondos en el sistema de salud de Alberta. La oficina del auditor general ya ha iniciado una investigación sobre los procesos de adquisiciones y contratación dentro de AHS, y el gobierno también ha lanzado una revisión interna del caso.
Adriana LaGrange, ministra de Salud y una de las demandadas, respondió a las acusaciones mediante un comunicado enviado a CBC News. «He visto la declaración de la exdirectora ejecutiva de AHS. Muchas de las acusaciones y afirmaciones son claramente falsas, mientras que otras requerirán una investigación más profunda como parte del trabajo del auditor general y la revisión interna del gobierno», expresó LaGrange. Además, aseguró que presentará una declaración de defensa detallada en los próximos días.
Este caso ha generado un intenso debate sobre la relación entre el gobierno y los contratos de salud pública en Alberta. La oposición ha pedido explicaciones y una investigación independiente sobre los presuntos conflictos de interés y la posible intervención política en AHS.
Mientras tanto, Mentzelopoulos sostiene que su despido fue una medida para silenciar sus esfuerzos por garantizar transparencia en la gestión de los contratos de salud en la provincia. La demanda podría revelar nuevos detalles sobre las relaciones entre el gobierno y los proveedores de servicios de salud, un tema que, sin duda, continuará captando la atención de la opinión pública y los medios de comunicación en las próximas semanas.