THE LATIN VOX (1 de agosto del 2025).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz.
Un caso judicial de alto perfil contra una supuesta red de tráfico de cannabis en Quebec podría desmoronarse tras la revelación de una relación íntima entre dos abogados de lados opuestos del proceso.
El escándalo, que ya ha conmocionado al sistema judicial canadiense, amenaza con invalidar meses de audiencias preliminares y arroja dudas sobre la imparcialidad del proceso.
La fiscal Alice Bourbonnais-Rougeau, miembro del Bureau de la grande criminalité et des affaires spéciales en Montreal, admitió recientemente haber mantenido encuentros físicos con el abogado defensor Mathieu Rondeau-Poissant, quien representaba a uno de los ocho acusados, David Keith Bishop.
La red, según la policía provincial, operaba utilizando certificados médicos obtenidos fraudulentamente de Health Canada para vender cannabis en línea. Se calcula que realizaron más de 70,000 transacciones, acumulando 15 millones de dólares canadienses, y tenían presuntos vínculos con el crimen organizado.
Del almuerzo a la corte
La relación entre Bourbonnais-Rougeau y Rondeau-Poissant comenzó discretamente en diciembre de 2024, en plena etapa de audiencias previas al juicio. Ambos continuaron en el caso hasta mayo de 2025, momento en el que él fue retirado del proceso. Inicialmente, la fiscal negó haber tenido una relación íntima, describiéndolo como una simple amistad que incluía almuerzos ocasionales.
Pero su versión cambió rápidamente. En una nota fechada el 4 de junio, reconoció haber mantenido encuentros íntimos con Rondeau-Poissant, primero en diciembre y luego en 2025. “No fue la mejor idea del siglo”, escribió. Al día siguiente, envió una versión revisada en la que admitía que la relación fue más allá de unos pocos almuerzos.
La defensa exige anular el juicio
Los abogados defensores han presentado una solicitud formal para que se anulen los procedimientos, alegando un conflicto de intereses y posible violación de la confidencialidad. Argumentan que la relación entre los abogados pudo haber comprometido la imparcialidad del proceso, sobre todo porque se discutieron acuerdos de culpabilidad y exclusión de pruebas mientras la relación estaba en curso.
“Soy humana. Me paniqué. No fue una mentira malintencionada”, justificó Bourbonnais-Rougeau ante sus supervisores en una reunión del 11 de junio, explicando por qué ocultó inicialmente la naturaleza de la relación.
A pesar de ello, la fiscal insiste en que nunca compartió ni recibió información privilegiada del caso. “Jamás discutimos temas del expediente de manera inapropiada”, declaró en una nota oficial.
La fiscalía sostiene la validez del proceso
La Dirección de Procesamientos Criminales y Penales (DPCP) argumenta que no existen pruebas de que la relación haya afectado la equidad del proceso. Ambos abogados ya fueron removidos del caso, lo que, según la fiscalía, elimina cualquier posible riesgo para la integridad judicial.
“Está claro que ninguno de los dos actuó de manera que comprometiera la justicia”, indica el documento oficial presentado esta semana ante el tribunal.
El juicio contra los ocho acusados continúa en suspenso, a la espera de una audiencia programada para el próximo mes en la que se debatirá la solicitud de anulación.
Un historial que complica
Este no es el primer escándalo que involucra a Alice Bourbonnais-Rougeau. En 2023 fue condenada por conducir ebria y abandonar la escena de un accidente, después de chocar mientras estacionaba su vehículo.
Cuando llegó la policía, se refugió en su apartamento y se negó a abrir la puerta hasta que los oficiales consiguieran una orden judicial. Aunque ha apelado su condena hasta la Corte de Apelaciones de Quebec, de ser ratificada, podría enfrentar un proceso disciplinario ante el Colegio de Abogados, que incluso podría resultar en su expulsión.
Un reflejo de un sistema bajo presión
Este incidente revela grietas en el sistema de justicia penal canadiense, especialmente en un momento en que se exigen estándares más altos de integridad y transparencia. Lo que comenzó como una investigación contra el narcotráfico podría terminar en una crisis institucional que cuestione la conducta ética de quienes deben garantizar la justicia.
El caso plantea una pregunta inquietante: ¿Hasta qué punto la vida privada de los operadores jurídicos puede poner en jaque la justicia pública?
Una audiencia clave determinará en las próximas semanas si el proceso sigue adelante o si, por el contrario, se convierte en uno de los colapsos judiciales más notables de los últimos años en Canadá.
Fuente: CBC News
Crédito fotográfico: YouStudy