THE LATIN VOX (20 de Agosto del 2025).- Por Daniela Medina.
La administración del presidente Donald Trump anunció este miércoles nuevas sanciones contra cuatro altos funcionarios del Tribunal Penal Internacional (CPI), entre ellos la canadiense Kimberly Prost.
La medida busca bloquear la participación de estos funcionarios en investigaciones que afectan a ciudadanos estadounidenses e israelíes, intensificando una estrategia de confrontación con el tribunal internacional.
Detalles de la sanción y sus protagonistas
El secretario de Estado, Marco Rubio, justificó la decisión con argumentos de defensa de la soberanía nacional, afirmando que el CPI ha actuado de manera ilegítima al investigar a Estados Unidos y sus aliados sin su consentimiento.
Los sancionados incluyen:
- Kimberly Prost (Canadá): jueza del CPI, sancionada por autorizar investigaciones, como aquella sobre posibles crímenes de guerra cometidos por fuerzas estadounidenses en Afganistán.
- Nicolas Yann Guillou (Francia): juez que presidió el panel previo a la orden de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.
- Nazhat Shameem Khan (Fiji) y Mame Mandiaye Niang (Senegal): fiscalas vinculadas a investigaciones sobre Israel relacionadas con la guerra en Gaza.
Las sanciones comprenden la congelación de activos en jurisdicción estadounidense y severas restricciones financieras dentro del sistema financiero de EE. UU.
Antecedentes y contexto más amplio
Estas sanciones se suman a otra batería aplicada anteriormente desde 2020 durante el primer mandato de Trump, que habían sido levantadas bajo la administración de Biden.
La orden ejecutiva 14203, firmada el 6 de febrero de 2025, otorgó marco legal a estas sanciones, justificándolas como acciones necesarias para proteger la soberanía estadounidense frente a lo que la Casa Blanca califica de excesos e injerencias del CPI.
Repercusiones y debate jurídico
Analistas advierten que estas sanciones podrían debilitar gravemente la capacidad operativa del CPI, al dificultar el trabajo de funcionarios clave en casos de crímenes de guerra y genocidio, como la guerra en Ucrania o conflictos anteriores en África y Oriente Medio.
Además, organizaciones judiciales internacionales han condenado la medida, considerándola un ataque directo a la independencia del tribunal.
Sin embargo, antes del anuncio, un juez federal en EE. UU. había bloqueado la aplicación de otra orden ejecutiva similar (también parte de la estrategia de Trump) por violar la libertad de expresión, según la Primera Enmienda. Ese caso involucraba a defensores de derechos humanos que colaboraban con el CPI en investigaciones ajenas a EE. UU. y sus aliados.
Resumen ejecutivo
| Elemento | Detalles clave |
|---|---|
| Objetivo de la sanción | Castigar acciones del CPI contra ciudadanos estadounidenses e israelíes |
| Funcionarios afectados | Kimberly Prost (Canadá), Nicolas Guillou (Francia), Shameem Khan (Fiji), M. Niang (Senegal) |
| Medidas aplicadas | Congelación de activos, restricciones financieras en EE. UU. |
| Antecedentes legales | Orden 14203 de febrero de 2025; sanciones previas durante mandato de Trump |
| Repercusiones | Presión sobre independencia del CPI; respuestas judiciales limitantes en EE. UU. |
Conclusión
La medida del gobierno estadounidense representa un nuevo capítulo de confrontación entre EE. UU. y el CPI. Resalta una política exterior defensiva, basada en proteger aliados y limitar investigaciones judiciales internacionales, incluida aquellas sobre conflictos sensibles como los de Afganistán y Gaza.
La imposición de sanciones a una figura institucional canadiense como Kimberly Prost, pone de relieve la tensión entre la búsqueda de justicia internacional y el ejercicio del realismo geopolítico.
El desenlace marcará, sin duda, un precedente para las relaciones entre tribunales internacionales, gobiernos poderosos y tribunales nacionales.
Fuente: The Canadian Press
Foto: Julia Demaree Nikhinson/The Associated Press