Las esterilizaciones forzadas podrían verse como un mecanismo o estrategia desde el poder político que ha vulnerado los cuerpos de personas en situaciones vulnerables ya sean de etnia, condición económica o social.
Haciendo un repaso por los casos más mediáticos encontramos el caso de Peru, Canadá y Japón.
En Perú se registra un caso emblemático que está tomando más de 20 años en obtener justicia. El caso esterilizaciones forzadas ocurrió en el régimen de Alberto Fujimori, quien murió este año y nunca pudo ser juzgado por este caso. Son más de 300 000 casos los que se denunciaron y hay más de 5000 personas que se han inscrito en el Registro Nacional de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO), en los últimos años, aunque aún se espera que muchas más personas se registren pues las víctimas solían vivir en pueblos o comunidades en zonas muy alejadas del país.
Este caso involucraba una política de Estado de Fujimori, y en la actualidad por lo menos tres exministros Alejandro Aguinaga, Marino Costa Bauer y Eduardo Yong Motta siguen siendo investigados judicialmente, además de otros funcionarios y médicos que avalaron esta política que estuvo dirigida principalmente a mujeres indígenas pobres, campesinas y quechuahablantes (idioma nativo del Perú).
El pasado 25 de octubre, el Comité de la Convención sobre todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW) emitió Dictamen sobre el caso de cinco víctimas de esterilizaciones forzadas durante la década de los 90, en el marco del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PSRPF, 1996-2000), concluyendo que el Estado Peruano vulneró los derechos de estas mujeres que hasta el momento no han logrado justicia ni reparación.
La docente peruana y excomisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Julissa Mantilla señala que:
«El argumento del Estado es que el Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar no fue un programa discriminatorio ya que no estuvo dirigido únicamente a las mujeres y que se realizaron anticoncepciones quirúrgicas voluntarias (AQV) también a los hombres. Sin embargo, el Dictamen demuestra cómo la mayor parte de las AQV realizadas se dirigieron a las mujeres, y fueron hechas en condiciones insalubres y contra su voluntad. Haciendo referencia a sus propios informes previos sobre el caso peruano, así como a los pronunciamientos del Relator contra la Tortura y de la Relatora sobre la Violencia contra las Mujeres y las Niñas de la ONU, el Comité suma el elemento de interseccionalidad en su análisis, al identificar que la mayoría de víctimas eran indígenas, analfabetas, de zonas pobres y rurales. Adicionalmente, el Dictamen identifica que las esterilizaciones forzadas son una forma de violencia de género contra las mujeres, cuya prohibición constituye un principio del derecho internacional consuetudinario, como ya había señalado en su Recomendación 35 del 2017».
CANADÁ
La senadora Yvonne Boyer, quien recopila los datos disponibles, que son limitados, asegura que al menos 12.000 mujeres se han visto afectadas por esta práctica desde la década de 1970.
“Cada vez que hablo con una comunidad indígena, me abruma la cantidad de mujeres que me dicen que sufrieron una esterilización forzada”, declara Boyer, quien tiene ascendencia indígena metis, en una entrevista con The Associated Press.
En la actualidad está pendiente de aprobación el proyecto de ley S-250. Su objetivo es modificar el Código Penal sobre la cuestión de los procedimientos de esterilización, y lograr así que la esterilización forzada y bajo coerción sea punible según el Código Penal con hasta 14 años de prisión.
Lo que se pretende es enfatizar en el valor del consentimiento y darle a lxs pacientes la oportunidad de retirar su consentimiento hasta inmediatamente antes de que se realice la intervención quirúrgica.
También establece que el médico debe asegurarse de que la solicitud de un procedimiento de esterilización no fue resultado de presión externa o de parte de alguien que abuse de su posición de confianza, poder o autoridad
que es lo que se ha denunciado en casos como Perú y Canadá.
JAPÓN
La Ley de Protección Eugenésica fue aprobada en 1948 y permitía a los médicos esterilizar a las personas con o sin su consentimiento.
Se estima que 16.500 personas -principalmente mujeres- fueron operadas sin su consentimiento, unas 8.000 dieron autorización -aunque se cree que probablemente bajo presión- y a otras 60.000 mujeres les fueron practicados abortos para evitar enfermedades hereditarias, de acuerdo con un reporte parlamentario de 1.400 páginas que fue presentado recientemente.
Además, unos lineamientos aprobados por el Ministerio de Salud en 1953, establecieron que cuando la comisión lo considerara necesario este tipo de cirugías podían realizarse “en contra de la voluntad del paciente” y autorizaba a que el procedimiento se realizara “sometiendo el cuerpo del paciente, administrándole un analgésico o engañándolo”.
El gobierno de Japón pidió perdón por esta política en 2019 y anunció una compensación equivalente a unos US$28.600 para cada sobreviviente.