Algunos políticos y ciudadanos han señalado a la inmigración como una de las causas de la crisis de la vivienda en Canadá, donde los precios y los alquileres han aumentado considerablemente en los últimos años. Sin embargo, expertos y economistas advierten que esa relación puede ser errónea y que reducir la inmigración no solucionará el problema. Lo que se necesita, dicen, es una política de vivienda más eficaz y equitativa.
Canadá ha experimentado un crecimiento demográfico récord en los últimos años, impulsado en gran medida por la llegada de inmigrantes y residentes temporales. En 2023, la población del país aumentó en más de un millón de personas, de las cuales 607.782 eran residentes no permanentes y 437.180 eran inmigrantes. El gobierno liberal anunció en 2022 su plan de aumentar el objetivo anual de residentes permanentes de 405.000 en 2021 a 465.000 en 2022, y estabilizarlo en 500.000 en 2024.
Tanto el líder conservador, Pierre Poilievre, como el ministro de Inmigración, Marc Miller, han reconocido que el aumento de la inmigración ha contribuido a la escasez de vivienda y a la subida de los costos. Poilievre ha propuesto alinear el número de inmigrantes con el número de viviendas que se construyen, los médicos que se forman y los empleos que se crean. Miller ha dicho que el gobierno está considerando soluciones creativas para vincular la inmigración con la vivienda, como incentivar a los recién llegados a establecerse en zonas rurales o regionales.
Sin embargo, los expertos consultados por CBC News cuestionan la idea de que la inmigración sea la principal causa de la crisis de la vivienda. Según ellos, hay otros factores que influyen más, como la especulación inmobiliaria, la falta de oferta de vivienda asequible, el aumento de la demanda interna por el teletrabajo y el crecimiento de las familias, o las barreras burocráticas y regulatorias que dificultan la construcción de nuevas viviendas.
Los expertos también señalan los beneficios económicos y sociales de la inmigración, como el aporte de mano de obra joven y cualificada, la diversidad cultural, el aumento de la recaudación fiscal y el apoyo a las generaciones mayores. Además, advierten de los riesgos de reducir la inmigración, como el envejecimiento de la población, la escasez de talento, la pérdida de competitividad y la disminución de la influencia internacional.
Los expertos sugieren que, en lugar de recortar la inmigración, el gobierno debería invertir más en vivienda social, regular el mercado inmobiliario, facilitar el acceso al crédito, fomentar la densificación urbana y la movilidad residencial, y colaborar con las provincias, los municipios y el sector privado para aumentar la oferta y la diversidad de viviendas.