El 18 de febrero de 2025, el fiscal general de Brasil, Paulo Gonet, presentó cargos formales contra el expresidente Jair Bolsonaro, acusándolo de conspirar para envenenar al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, como parte de un plan golpista destinado a mantener el poder tras su derrota electoral en 2022. La acusación también incluye un complot para asesinar al juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.
Según el informe de la Policía Federal, la trama, denominada «Daga Verde y Amarilla», involucraba la deslegitimación del sistema electoral, la presión sobre altos mandos militares y la incitación a disturbios en la capital. Bolsonaro y otras 33 personas han sido acusadas de participar en una organización criminal armada con el objetivo de derrocar el orden democrático.
El expresidente ha negado las acusaciones, declarando: «No tengo preocupaciones sobre las acusaciones, cero». Si el Supremo Tribunal Federal acepta los cargos, Bolsonaro enfrentará un juicio que podría culminar en una sentencia de hasta 43 años de prisión.
Este caso marca un hito en la historia reciente de Brasil, ya que podría poner fin a décadas de impunidad militar en el país. La detención del general Walter Braga Netto, exministro de Defensa y colaborador cercano de Bolsonaro, subraya la determinación de las autoridades brasileñas de responsabilizar a los implicados en intentos de subvertir la democracia.
La comunidad internacional observa de cerca el desarrollo de este proceso judicial, que podría sentar un precedente significativo en la lucha contra la impunidad y la defensa del Estado de derecho en Brasil.