Food Banks Canada, una organización que representa a más de 3.000 bancos de alimentos y agencias comunitarias en todo el país, ha publicado un informe que evalúa el desempeño de los gobiernos federales, provinciales y territoriales en la reducción de la pobreza. El informe, titulado “HambreCount 2023”, otorga una calificación general de D a los gobiernos por sus esfuerzos para abordar el problema del hambre y la inseguridad alimentaria en Canadá.
Según el informe, más de 1,3 millones de personas recurrieron a los bancos de alimentos en 2023, lo que supone un aumento del 5% con respecto al año anterior. El informe señala que la pandemia de COVID-19 ha exacerbado las dificultades económicas y sociales de muchas familias y personas vulnerables, que se enfrentan a altos niveles de desempleo, precariedad laboral, costes de la vivienda y endeudamiento.
El informe también destaca las disparidades regionales y demográficas en el uso de los bancos de alimentos. Por ejemplo, el informe indica que las provincias del Atlántico y el norte de Canadá tienen las tasas más altas de uso de los bancos de alimentos, mientras que Quebec tiene la más baja. Asimismo, el informe señala que los grupos indígenas, los inmigrantes, los refugiados, las personas con discapacidad y las familias monoparentales son los más afectados por la inseguridad alimentaria.
El informe recomienda una serie de medidas para mejorar la situación, entre las que se incluyen: aumentar el salario mínimo, ampliar el acceso a la vivienda asequible, mejorar los programas de asistencia social, implementar una renta básica universal, fortalecer la red de seguridad social y apoyar a los bancos de alimentos y otras organizaciones comunitarias.
Food Banks Canada afirma que su objetivo es “acabar con el hambre en Canadá” y que espera que su informe sirva para “influir en las políticas públicas y movilizar a la sociedad civil” para lograr este fin.